En su próxima reunión con la titular de la Secretaría del Trabajo federal, el gobernador de San Luis Potosí firmará acuerdos para garantizar condiciones dignas a mujeres y hombres que laboran en el campo potosino Para fortalecer los derechos de las y los trabajadores potosinos, el Gobierno del Estado y el Gobierno de México firmarán un convenio el próximo miércoles para facultar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado a intervenir en incumplimientos de los centros laborales a la Ley Federal del Trabajo. Así lo anunció el gobernador potosino, Ricardo Gallardo Cardona, quien se reunirá con la secretaria del Trabajo del gobierno federal, Luisa María Alcalde Luján para también fortalecer la normatividad laboral que brinde mayor certeza a los trabajadores agrícolas ante un panorama de informalidad del 89 por ciento en dicho sector en la Entidad. “La nueva facultad que tendrá el gobierno estatal a través de su Secretaría del Trabajo no será coercitiva, sino de entendimiento y comunicación con el empresariado para juntos asegurarnos que las y los trabajadores potosinos tengan certeza, respaldo legal y condiciones dignas”, explicó el mandatario estatal, añadiendo que, debido a la inoperancia de la herencia maldita, San Luis Potosí era uno de los pocos estados del país incapacitado para intervenir en conflictos laborales de índole federal. Ricardo Gallardo agregó que en su encuentro con la funcionaria federal también se abordarán temas sobre inversión privada en diversas zonas del territorio potosino que generarán empleos y prestaciones de ley a las personas económicamente activas, por lo que se debe fortalecer la legislación en la materia y afinar la coordinación con la Federación para generar confianza y hacer más atractiva la entidad a inversionistas nacionales y extranjeros, “Queremos normas claras para la productividad, pero también para la protección de los derechos laborales”, puntualizó. Finalmente, el gobernador potosino expresó que hay una deuda histórica con miles de trabajadores agrícolas que en este momento realizan su actividad sin garantías, sin protección y en condiciones ínfimas, por lo que es menester de su administración combatir esta injusticia.