Durante la reunión de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, legisladores aprobaron el dictamen que expide la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares, y del Sistema Estatal de Búsqueda de Personas del Estado de San Luis Potosí.  La diputada presidenta de la comisión, Cinthia Verónica Segovia Colunga mencionó que la desaparición de personas, incluyendo la desaparición forzada, constituyen una violación pluriofensiva de derechos humanos, y un delito de lesa humanidad, debido a los daños irreparables que provoca en la víctima y el sufrimiento que ocasiona en sus familiares, sin dejar de lado el detrimento a la salud física y mental, así como a su patrimonio. Refirió que este ordenamiento fortalece la acción del Estado en pro de las víctimas y familiares de personas desaparecidas o no localizadas, al crear la Unidad Especializada al interior de la Fiscalía General del Estado, encargada de la investigación y persecución de los delitos de desaparición forzada de personas y la cometida por particulares, en concordancia con el modelo federal.

Además, garantiza la protección integral de los derechos de las personas desaparecidas hasta que se conozca su suerte o paradero; establece la forma de participación de los familiares en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las acciones de búsqueda e identificación de personas desaparecidas y no localizadas. También, con ello se integraría la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, a la Unidad de Atención a Personas Desaparecidas y Extraviadas  (UAPDE) y la Coordinación de Alerta Amber, con presencia en todo el Estado; y conforma el Sistema Estatal. Además, establece las Bases de Datos siguientes: Banco Estatal de Datos  Forenses; Registro Estatal de Personas Fallecidas y No Identificadas; Registro Estatal de Fosas; así como el Registro Administrativo Estatal de Detenciones. Agregó la diputada Segovia Colunga que con el dictamen aprobado se constituye un Sistema Estatal de Búsqueda. En tanto, aseveró que la expedición de la ley no requiere presupuesto adicional al asignado para el ejercicio fiscal 2021, en virtud de que ya existen y operan las instituciones que ésta regula, tanto  en el Poder Ejecutivo como en la Fiscalía General del Estado. El dictamen aprobado será remitido a las comisiones de Derechos Humanos, Igualdad y Género; y Seguridad Pública y Prevención y Reinserción Social, para su consideración.