El diputado local electo por Movimiento Ciudadano, Marco Gama Basarte, aseguró que la verdadera "herencia maldita" es la que dejará el presidente Andrés Manuel López Obrador a la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo, con la Reforma Judicial que recién se aprobó y que de un plumazo terminó con la división de poderes. Gama Basarte lamentó también las prisas para aprobar esta Reforma Judicial y que a todas luces se van a combatir por la vía legal, "están extasiados pensando que pueden hacer y deshacer a su antojo, pero no respetar el debido proceso legislativo puede revertir la reforma," sostuvo. Dijo que la reforma aprobada significa la ruptura del pacto federal, "porque en nuestra República los estados son libres y soberanos; estos deben respetar la forma de gobierno y la división de poderes, pero ni la Cámara de Senadores ni de Diputados pueden obligar a las entidades a tener una u otra forma de elección de los integrantes de sus poderes judiciales". Además la reforma no garantiza que exista un mejor acceso a la justicia para todas las personas. "Porque el sistema de justicia no empieza ni termina en los jueces, si no se transforman los eslabones más pequeños de la justicia: las policías locales, las fiscalías estatales, los centros de conciliación, las defensorías públicas, la reforma no servirá de nada", sostuvo. 

Señaló que uno de los mayores problemas que tiene el Poder Judicial Federal es que no contamos con el número suficiente de jueces y lo que esta reforma prioriza es cambiar toda la plantilla de juzgadores hacia el 2027.   Reiteró que la reforma no busca la “democratización” de la justicia, sino la concentración del poder. "Son los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, quienes a través de sus Comités elegirán a las personas candidatas. Esos Poderes hoy mismo están controlados por el partido oficialista, lo que permitirá al gobierno expandir su control político mientras legitima esta disminución de la democracia a partir del voto popular", indicó. 

Dijo también que la reforma no garantiza la independencia judicial, ya que el mecanismo propuesto no asegura que lleguen las personas idóneas para desempeñar la función judicial. "Lo que garantiza es que las personas propuestas tengan algún tipo de vinculación partidista. El régimen propondría a 20 de las 30 personas candidatas a ocupar los cargos de ministros de la Corte, y a 4 de las 6 personas candidatas a ocupar los cargos de jueces, y magistrados para 2025", manifestó Gama Basarte.

Sostuvo que la reforma propuesta no erradica la corrupción del Poder Judicial. "La legitimación vía el voto popular no reduce los riesgos de que exista corrupción al interior de una institución. Si este fuera el caso, no existirían legisladores ni alcaldes corruptos," manifestó. Gama Basarte precisó además que las personas juzgadoras deben ser independientes de las mayorías para que puedan ser capaces de garantizar los límites que impone la Constitución, incluso cuando sus decisiones sean contrarias a la opinión pública. Si las decisiones judiciales dependieran de la voluntad popular para asumir o permanecer en el cargo, es probable que sus decisiones busquen agradar a la opinión pública y no solo encontrar un beneficio para quienes alegan que se han violado sus derechos, concluyó.