La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) realizará el 20 de octubre una consulta pública, la primera de su tipo en la historia del tribunal constitucional, con grupos vulnerables, con el objetivo de escuchar sus opiniones en relación con una sentencia que está por emitirse y que les impacta en forma directa.

De hecho, los ministros retiraron de última hora el proyecto de la sentencia, que podría cambiar el criterio establecido hasta ahora sobre la consulta a poblaciones vulnerables previo a la modificación de leyes que les afectan.

El criterio que aún prevalece es que cualquier ley que sea aprobada sin consulta a las comunidades vulnerables a las que impacte, resulta inconstitucional y por tanto debe ser invalidada en forma inmediata.

No obstante, la ponencia de la ministra Lenia Batres pide suavizar el criterio para que la invalidez de las leyes, por falta de consulta a la población vulnerable que afecte, no sea en automático, sino que se analice caso por caso.

El asunto se había discutido en la sesión pública del 7 de octubre y al no llegar a un acuerdo se pospuso para ayer, y de última hora se retiró.

Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente, hizo ver que la Corte recibió solicitudes de audiencia por parte de varias organizaciones y personas interesadas. “Hemos tomado la decisión de llevar a cabo la primera audiencia pública sobre temas relevantes y pido a todas las organizaciones que estén atentas a la convocatoria para participar”, dijo.

Más tarde, una vez concluida la sesión, se dio a conocer que la audiencia pública se realizará el 20 de octubre con base en los criterios del Acuerdo General Número 5/2025.

Ayer, los ministros se reunieron con integrantes del Movimiento de Personas con Discapacidad y con representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil, con el propósito de escuchar sus planteamientos y “fortalecer los canales de participación”.

En un comunicado, la SCJN dijo que, en el encuentro, el ministro presidente, Hugo Aguilar, anunció que por unanimidad del pleno se aprobó la realización de la audiencia. Agregó que las ministras Esquivel, Batres y Sara Herrerías, así como el ministro Irving Espinosa reiteraron su compromiso con los derechos de las personas con discapacidad.

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“Coincidieron en que la justicia se fortalece cuando se garantiza que nadie quede fuera de las decisiones que le afectan”, apuntó.

Con información de El Financiero