Por los próximos cinco años, los contratos para comprar vacunas contra la COVID-19 y sus órdenes de pago, no podrán ser dadas a conocer, determinó la Suprema Corte de Justicia (SCJN). “Se actualiza la reserva de la información por motivos de seguridad nacional, toda vez que la divulgación de las condiciones esenciales de contratación y los datos personales sí ponen en peligro el suministro de vacunas y el cumplimiento del contrato celebrado por nuestro país. No obstante, ello no implica que los aspectos no referidos a dichas condiciones esenciales deben seguir la misma suerte, esto es que no puedan generarse versiones públicas del contenido restante de los contratos”, indicó Jorge Mario Pardo Rebolledo, ministro de la SCJN: “Quizá ya vamos de salida, eso es una consideración totalmente intuitiva o perceptiva, y quizá por eso pudiéramos olvidar lo que en su momento representó la irrupción de la pandemia con toda la incertidumbre y el no saber qué va a pasar a nivel Estado, de derechos, de organización social y definitivamente, personal, vamos a tener acceso no a una vacuna oportuna”, señaló Margarita Ríos-Farjat, ministra de la SCJN. Con esta decisión, la mayoría de los ministros revirtió dos resoluciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) que establecían que esa información no podía ser dada a conocer, por un periodo de dos años. Precisaron que, en un contexto de pandemia, el contenido de los acuerdos entre el Gobierno mexicano y las farmacéuticas debe considerarse como de seguridad nacional. “Una pandemia, como la que ha vivido el mundo los últimos años, sí pone en riesgo, o puede poner en riesgo, la estabilidad de las instituciones y la gobernabilidad en los distintos países. Las cláusulas como éstas tan amplias que reservan precios, costos, detalles, calidad de producto, entregas, garantías, pedidos, facturación etcétera, fuera de un contexto de pandemia global, en primer lugar, sería muy difícil considerarlo como una cuestión de seguridad nacional”, refirió Javier Laynez Potisek, ministro de la SCJN. En contra de esta decisión votaron los ministros Norma Lucia Piña Hernández y Alberto Pérez Dayán. “Considerando particularmente la importancia que tiene el conocimiento de la colectividad respecto de las acciones que se derivan del manejo de pandemias, la información debe ser otorgada en los términos en que no se ponga en riesgo la contratación internacional”, destacó Alberto Pérez Dayán, ministro de la SCJN. Las vacunas contra COVID-19 involucradas en esta decisión son Pfizer Biontech, AstraZeneca, Cansino, Serum, Sputnik y SinoVac. --

Con información de Noticieros Televisa