Las estaciones de radio y tv en Centroamérica enfrentan un doble problema: concentración de propiedad e influencias políticas-criminales. Enfrentan desafíos estructurales que limitan la pluralidad informativa, porque un puñado de familias concentran el 60 por ciento de las concesiones y la oferta informativa es muy predecible. El otro 40 por ciento restante se lo quedaron políticos y grupos delincuenciales. Es decir, la radio y la tv que no manejan los grandes grupos mediáticos, ahora son controladas por caciques regionales y narcotraficantes. La falta de publicidad, la competencia feroz que representan las nuevas tecnologías digitales y la apatía de los gobiernos, permitieron que los grupos delincuenciales se apropiaran de los medios electrónicos. Junto con los políticos, que usan las frecuencias, para sus campañas. En México ya vivimos el mismo fenómeno: los cambios de dueños en estaciones son muy frecuentes, impulsados por las crisis post-pandemia, la falta de ingresos, quiebras, presiones de políticos y de la “Maña”. El caso más sonado: el senador bajacaliforniano, el morenista Armando Ayala Robles, que se acomodó como integrante de la Comisión de Radio, TV y Cinematografía en la Cámara Alta.

Fue un humilde locutor, pero su paso como presidente municipal de Ensenada le permitió ver el caminito, para convertirse en prominente radiodifusor. De ser un modesto “turnero al micrófono”, ahora ya es un rico empresario. Ahora tiene seis estaciones de radio y presume de manera altanera que sucederá a la gobernadora Marina del Pilar. Controla el estado, asegura, con una emisora en Tijuana, dos en Mexicali y tres en Ensenada. Prepotente, como acostumbra, también le dice a su gente el ahora millonario senador guinda, que superará en dinero a su ex jefe, Jaime Bonilla (radiodifusor de la península y ex gobernador de BC). Pero ya pinchó con hueso: el líder nacional del STIRT ya le mandó decir que “ningún cargo político, ni fuero, debe ser escudo para evadir sus responsabilidades patronales, y menos cuando se tiene un cargo legislativo, donde la principal obligación es cumplir y hacer cumplir la Constitución”. El senador morenista debe el Fondo de Ahorro, retiene cuotas sindicales, no ha cumplido con finiquitos de ley, y muy pronto, como era de esperarse, verá las banderas rojinegras en sus cabinas de transmisión.

Francisco Contreras, el secretario General del Sindicato, ya le envió mensajes por la red social X a Rosa Icela Rodríguez y a Luisa Alcalde, con el hashtag #YaBastadeImpunidad ¿Sabrá la Presidenta que reprobó la cuenta pública el Ayuntamiento de Ensenada, que comandó el hoy senador-radiodifusor Armando Ayala, y que la Auditoría Superior lo anda persiguiendo? ¿Sabrá el INE sobre los actos anticipados de campaña? ¿Sabrá el secretario del Trabajo, Marath Baruch, que se le vienen seis huelgas? POR GUSTAVO RENTERÍA