Al rendir el Informe anual de Labores del Poder Judicial del Estado, el magistrado Arturo Morales Silva, presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura, destacó que “somos un Poder Judicial en Movimiento porque hemos privilegiado el trabajo arduo para el fortalecimiento institucional y la apertura al diálogo, en promover la formación continua de las y los servidores públicos y en garantizar que la justicia sea un derecho accesible para todos”. “Nos ha tocado vivir una etapa histórica de cambios en donde se pone en juego el espíritu mismo de la justicia. Un tiempo de riesgos, pero también de oportunidades. Los desafíos deben inspirarnos a ser más fuertes, más competentes y más audaces”, expresó en su mensaje dirigido a la ciudadanía potosina. Agregó que ante los nuevos retos que representan los cambios que “inminentemente nos alcanzan, debemos seguir adelante, con la frente en alto, entendiendo que nuestra función no solo se reduce a la mera aplicación de la ley, pues el derecho no es solamente la ley o las normas, sino el espíritu de la justicia que prevalece en el dictado de las sentencias donde se materializa el orden jurídico, actividad esencial que entraña la construcción de una sociedad más justa y segura para nosotros y las futuras generaciones”. El magistrado presidente Arturo Morales Silva agradeció a las juezas y jueces del Poder Judicial del Estado “que aún ante las adversidades propias de la función, no retroceden en su empeño por impartir justicia de manera imparcial, honesta y eficiente”, agregando que el esfuerzo y dedicación con que cumplen con su función, no pasan desapercibidos, “queda de manifiesto con el global de 22,034 sentencias dictadas en el periodo, 1,812 órdenes de protección concedidas y 14, 537 audiencias desahogadas”. El informe presentado comprendió actividades llevadas a cabo por la entonces Magistrada Presidenta María Manuela García Cázares, dentro del periodo del 1 de enero al 12 de mayo, así como las labores y actividades desarrolladas a partir del 13 de mayo, por el Magistrado Presidente Arturo Morales Silva. Entre las acciones realizadas por el Poder Judicial del Estado, el Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura destacó la implementación de notificaciones electrónicas en el Tribunal Laboral con documentos accesibles mediante código QR, que permite a las personas recibir y acceder a documentos legales en formato digital, esto, con la finalidad de optimizar recursos y aprovechar las nuevas tecnologías de la información, se realizó. Se desarrolló una plataforma tecnológica homologada que permite el envío y recepción de exhortos electrónicos entre los Poderes Judiciales de las 32 entidades federativas. Se habilitó un nuevo servicio de depósitos referenciados para garantías y pensiones alimenticias, accesible desde cajeros, banca en línea y comercios autorizados, lo que facilita los trámites judiciales para la ciudadanía. Se atendió el incremento de demanda del servicio que presta el Centro de Convivencias Familiares, que cuenta con un promedio de 30 convivencias diarias, llegando en este periodo, al máximo récord de 62 convivencias celebradas en un día; para ello, se determinó ampliar el horario de atención del centro para supervisión de convivencias, lo cual benefició a 525 familias convivientes. La Auditoría Externa a la Administración Judicial del Sistema de Gestión y las Salas Sedes, por conducto de su casa certificadora, realizó una visita a los Centros de Justicia Penal, en las Cuatro Regiones Judiciales en el Estado a efecto de revisar el cumplimiento del Sistema de Gestión de Calidad, conforme a la norma “ISO 9001:2015”, determinándose en ella la renovación del certificado, al haberse detectado cero no conformidades mayores y cero no conformidades menores; con lo cual, se evidencia el compromiso institucional hacia una mejora continua del sistema de administración de justicia penal acusatorio.

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La reestructura organizacional en diversos juzgados ha permitido hacer más eficiente la administración de justicia. En este tema, concretó la supresión del Juzgado Especializado en Adolescentes y Ejecución de Medidas del Sistema Tradicional, modificando la competencia del Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de la Región Centro-Altiplano para conocer los asuntos que se tramitaban en el órgano que se suprimió; además, se suprimió también el Juzgado Quinto del Ramo Penal, debiendo conocer ahora de sus asuntos en trámite, el Juzgado Séptimo del Ramo Penal y, se modificó la competencia del Juzgado Segundo Familiar de Ciudad Valles, que con anterioridad conocía también de la materia penal tradicional, trasladando la carga de trabajo en dicha materia, al Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Ciudad Valles.