Jaime Chalita Zarur, presidente del Consejo Empresarial Mexicano (CEM) en San Luis Potosí, señaló que para que el país mantenga su competitividad es imperativo respetar el marco legal, pues la emisión de decretos para regularizar vehículos internados ilegalmente denominados “autos chocolate” atenta contra la seguridad de las inversiones, especialmente en el estado, donde la manufactura automotriz es el motor que sostiene la economía y los empleos locales. "Las decisiones de capital se basan en reglas claras; si estas se rompen, se vulnera la confianza de quienes apuestan por el país y se afecta directamente a las empresas establecidas que cumplen con la ley", enfatizó. Chalita Zarur denunció que validar este contrabando de "basura automotriz" —unidades desechadas en el extranjero por ser pérdida total— inunda las vialidades con vehículos inseguros y genera una competencia desleal para el sector formal. Esta situación, aseguró, propicia un ecosistema de corrupción que afecta tanto la seguridad vial como el patrimonio de los contribuyentes que sí cumplen con sus obligaciones fiscales. "No estamos ante un rezago social, sino ante la legalización de un engaño activo; la evidencia confirma que la mayoría de estas unidades ingresaron al país violando las propias reglas del decreto original. Es imperativo que el gobierno asuma el riesgo político de aplicar la ley y retire de circulación lo que es ilegal, pues de lo contrario, se seguirá premiando el fraude y financiando estructuras de corrupción que debilitan nuestro estado de derecho", sentenció Chalita Zarur. El sector productivo exige políticas que protejan la cadena de valor y fomenten el financiamiento de vehículos fabricados en México. El permitir que el contrabando inunde el mercado solo degrada la industria manufacturera, que es el verdadero pilar de la derrama económica y la estabilidad regional.

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Finalmente, se hizo un llamado a las autoridades para no ceder ante presiones políticas que buscan renovar decretos que han demostrado ser un foco de abusos. La postura es tajante: no existe justificación para seguir promoviendo la ilegalidad bajo el pretexto de gestiones pendientes. El gobierno debe asumir el costo de aplicar la ley y retirar de circulación lo que es ilegal, pues de lo contrario, se mantiene un círculo vicioso de impunidad que ahuyenta la inversión extranjera y degrada la seguridad jurídica que requiere el sector empresarial.