Inició la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) un proceso de reforma a su Ley Orgánica, que justo la semana pasada cumplió 80 años de su promulgación, pero sin contemplar la elección por voto directo del rector.

La jugada del actual rector Leonardo Lomelí busca cerrar el paso a las presiones de Morena y de su ala incrustada en la máxima casa de estudios para que los cerca de 400 mil integrantes de la comunidad universitaria (académicos, investigadores, docentes, administrativos, sindicalizados y estudiantes) elijan en urnas a su máxima autoridad.

Sería una especie de vacuna para evitar intromisiones externas, como la que se puso en marcha en el Poder Judicial de la Federación con la reforma del expresidente López aprobada por el Congreso de la Unión para abordarlo y convertirlo en un apéndice de la presidencia y de Morena.

En otras palabras, pinta su raya con la dichosa cuarta transformación que desmantela o se apropia de instituciones y contrapesos al Poder Ejecutivo.

De ahí que unos 20 días después del triunfo de Claudia Sheinbaum en la elección presidencial de 2024, el rector comenzó la ruta para blindar a la institución. De entrada, nombró a Hugo Casanova Cardiel como coordinador de Reforma Institucional y Prospectiva Universitaria.

Luego, el 9 de diciembre pasado, Lomelí presentó a los integrantes del Consejo Asesor de la Coordinación de Reforma Institucional y Prospectiva Universitaria, todos ellos defensores de la autonomía y de los organismos colegiados: 

Patricia Dávila, secretaria general de la UNAM; Tamara Martínez Ruiz, secretaria de Desarrollo Institucional; Tomás Humberto Rubio Pérez, secretario administrativo; Enrique del Val Blanco, coordinador de Planeación, Evaluación y Simplificación de la Gestión Institucional; y Hugo Concha Cantú, abogado general.

También están Gina Zabludovsky Kuper, Silvia Torres Castilleja, Carlos Arámburo de la Hoz y Denisse Cejudo Ramos; académicos todos ellos de reconocida trayectoria y prestigio.

Esa Coordinación se encargará de promover el estudio y análisis de los proyectos de transformación, pero siempre manteniendo el principio de autonomía de la UNAM. El propio abogado general, Hugo Concha, ha explicado que la Ley Orgánica “ha probado ser una norma que permite el equilibrio entre la estabilidad y la flexibilidad. No es antidemocrática, pues asegura que en las autoridades colegiadas están representados todos los sectores de la comunidad, los cuales se encargan de nombrar a otras autoridades universitarias.

“Por ejemplo, el Consejo Universitario designa a los integrantes de la Junta de Gobierno y garantiza que sea un órgano racional, plural, alejado de contiendas partidistas, y ésta a su vez nombra a otras autoridades universitarias”.

En esa tónica va la reforma a la UNAM impulsada por el rector Lomelí; se trata de un cambio profundo y serio para fortalecer la institucionalidad, la libertad de cátedra, las estructuras académicas, administrativas, docentes y de investigación, sin renunciar a la actual forma de gobierno interno, ni mucho menos al método de elección del rector. 

POR: RAYMUNDO SÁNCHEZ PATLÁN

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