Las y los integrantes de la Comisión de Hacienda del Estado de la LXIII Legislatura, sostuvieron una reunión con la titular de la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Finanzas, Areli Rodríguez Pérez, quien presentó información sobre el comportamiento en la recaudación de recursos y la llegada de participaciones federales. El diputado Roberto Ulises Mendoza Padrón, presidente de esta comisión legislativa, manifestó que en los datos que fueron presentados, se establece que la federación mantiene la entrega de las participaciones federales, si bien han existido retrasos en su cumplimiento, si se han hecho llegar los recursos proyectados. Por ello, dijo que de acuerdo a lo informado, se prevé que se cierre el año con los recursos económicos que fueron proyectados de acuerdo a las participaciones federales, y se espera que en los siguientes meses, se normalice la entrega oportuna de los mismos. En el mismo tema, el diputado Mauricio Ramírez Konishi, secretario de esta comisión, aclaró que San Luis Potosí no es el único estado del país que ha sufrido retrasos, ya que es una situación que ha afectado a las diferentes entidades, ante una baja en el precio del petróleo que se ha visto afectado por la disminución del precio frente al dólar, por lo cual se haría uso de los fondos de compensación a los estados, y se prevé que a partir del próximo mes lleguen los recursos de manera normal. Dijo que no se conoce si se registraron obras o programas que se aplazaron por estas causas, pero de existir, éstas se reactivarán en cuanto lleguen los fondos, por lo que hay certeza en el cumplimiento de obras y acciones. En otro punto, la Comisión de Hacienda del Estado aprobó la modificación a la Ley de Deuda Pública del Estado y Municipios de San Luis Potosí, en lo relativo al procedimiento de contratación de deuda pública, en el caso de los ayuntamientos, entidades municipales y organismos intermunicipales, para incorporar el requisito de contar con opiniones emitidas en primer término por el titular de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, con relación a sus obligaciones de pago y deuda pública inscritas en el Registro Estatal; así como su clasificación en el sistema de alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y en segundo término de la Auditoria Superior del Estado del estado financiero y de los resultados de cuenta pública.