Ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de la República Mexicana (CONATRIB), el Magistrado Arturo Nahle García, hizo una solicitud urgente y respetuosa para que se etiqueten los recursos necesarios para la implementación del Nuevo Modelo de Impartición de Justicia Civil y Familiar. De lo contrario, advirtió el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Zacatecas (TSJEZ), el Código Nacional de Procedimientos será letra muerta. Nahle García dimensionó la relevancia de esta transición, pues significa el 70% de las cargas de trabajo de los poderes judiciales estatales, dijo, “es la justicia cotidiana del país” y haciendo un comparativo con el Poder Judicial de la Federación señaló que los poderes estatales reciben el doble del trabajo del Federal y resuelven con un presupuesto muy por debajo de la mitad del Federal. Por lo anterior, dijo confiar en la sensibilidad, responsabilidad y criterio de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para hacer realidad esta implementación de manera gradual y poder combatir así a la impunidad que tanto lastima al estado mexicano. El Magistrado consideró al Nuevo Código de Procedimientos Civiles y Familiares como un arduo trabajo cuyo resultado solo puede rendir frutos con recursos para capacitación, construcción, equipamiento, difusión, para un verdadero cambio a la oralidad, un reto de cuatro años que solo puede ser posible con la unión de esfuerzos y propuso propiciar una Reunión con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para gestionar los recursos correspondientes, mismos que deberán ser muy superiores a los que se invirtieron en el Nuevo Modelo de Justicia Penal y Justicia Laboral.