El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria del Poder Judicial de Perú declaró infundada una “cuestión previa” planteada por el expresidente Pedro Castillo para que se anule la investigación que se le sigue por la presunta comisión del delito de rebelión y, alternativamente, conspiración. El Poder Judicial informó en Twitter que Castillo, quien cumple 18 meses de prisión preventiva, planteó que se anule la investigación abierta por la Fiscalía de la Nación por haber intentado dar un golpe de Estado el pasado 7 de diciembre.

La defensa del exmandatario presentó el recurso por considerar que el Congreso no le realizó un antejuicio político, el proceso político-judicial a través del cual se levanta la inmunidad de los altos funcionarios, antes del inicio de la investigación fiscal. Durante la audiencia del caso, Castillo afirmó ante el juez Juan Carlos Checkley que no había renunciado a su derecho al antejuicio y afirmó que se había vulnerado su derecho a la defensa. También rechazó que exista el riesgo de que pueda fugarse del país si es liberado, ya que, según dijo, no ha “violado, robado, ni matado a nadie”. En respuesta, la resolución judicial señaló que el Congreso “en el ejercicio de las facultades establecidas en la Constitución” declaró primero la “permanente incapacidad moral” del exgobernante y la vacancia (destitución) de la Presidencia, tras lo cual “levantó la prerrogativa de antejuicio político al hoy investigado”. Consideró que “no tienen sustento los argumentos expuestos” en la cuestión previa, porque fue “evidente la necesidad del pronunciamiento parlamentario” después de que Castillo diera “un inesperado mensaje a la Nación contraviniendo el principio de separación de poderes establecido constitucionalmente”. Agregó que en la casi inmediata reacción de la Fiscalía y otras autoridades también existió “una intervención en flagrancia delictiva con indicios de fugar del lugar de los hechos”.

El pleno parlamentario aprobó el pasado 12 de diciembre levantar la prerrogativa del antejuicio a Castillo por considerar que existía la comisión flagrante de delitos y que ya había declarado “a lugar” la formación de una causa penal contra el exmandatario. Castillo fue destituido el 7 de diciembre pasado por el Congreso poco después de que anunció que iba a disolver el Legislativo, gobernar por decreto e intervenir en la Judicatura. Tras esa acción, la Fiscalía de la Nación dijo que había iniciado diligencias preliminares en su contra “por la presunta comisión del delito contra los poderes del Estado y orden constitucional, en la modalidad de rebelión en agravio del Estado” y, de manera alternativa, en la modalidad de conspiración en agravio del Estado. Castillo también presentó ante la Tercera Sala Constitucional de Lima una acción de amparo para que el Poder Judicial deje sin efecto su destitución por el Congreso, por considerar que en esa decisión se vulneró el debido proceso y el derecho a la defensa en sede parlamentaria. En su recurso, pide que se restablezca la vigencia de sus credenciales como presidente, se ordene su restitución en el cargo y se declare nulo todo acto administrativo parlamentario que busque impedir esa acción. Con información de López-Dóriga Digital.