El General de Brigada del Ejército Mexicano Gabriel Zamudio López es el tercer secretario de Seguridad Pública de Guerrero en dejar el cargo en menos de seis meses.

Zamudio López apenas estuvo cuatro meses al frente de la SSP del estado. Pero en menos de medio año han renunciado tres secretarios. Todos pertenecientes a las Fuerzas federales, es decir militares o marinos que, por diversas razones, dejan el cargo en uno de los estados más violentos del país, donde fueron ejecutados el mayor número de aspirantes a puestos de elección popular o candidatos en el pasado proceso electoral.

La primera renuncia este año se dio a finales de enero pasado. El capitán de Marina, Evelio Méndez Gómez presentó su separación, con carácter de irrevocable. La gobernadora, Evelyn Salgado, argumentó que la salida obedecía a un programa de reestructuración interna.

En su lugar nombró a Rolando Solano Rivera, general brigadier, como sustituto. Sin embargo, después del asesinato del normalista de Ayotzinapa, Yaqui Kothan Gómez Peralta, a manos de la policía estatal y después de fuertes presiones sociales, Solano Rivera fue obligado el 14 de marzo a presentar su renuncia al cargo de secretario de Seguridad Pública del estado, posición en la que no duró ni dos meses.

El 24 de marzo la gobernadora Salgado tomó protesta al general Gabriel Zamudio López como nuevo secretario, quien el viernes presentó su renuncia dizque por motivos de salud, pero apenas este lunes se hizo Pública.

Medios locales reportaron que la nueva salida se da en medio de un incremento en los índices delictivos en Guerrero, en ciudades como Acapulco y Chilpancingo.

El grave problema en Guerrero es que, de acuerdo con la FGR, más de 29 carteles de la droga y grupos delictivos mantienen una disputa feroz en cada una de las 8 regiones del estado, donde la producción de amapola es una de las principales actividades que desplazan la agricultura de productos alimenticios.

UPPERCUT: Han pasado más de dos semanas desde el ataque a balazos contra el director de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Arnoldo Valle Leyva, ocurrido en las instalaciones universitarias el 5 de julio. Sin embargo, la Fiscalía del Estado, bajo el mando de Sara Bruna, ha guardado un inquietante silencio sobre el caso. Aunque el gobernador Rubén Rocha Moya se sentó en la mesa de diálogo en la Secretaría de Gobernación para resolver ese asunto y dirimir diferencias, en la práctica, no se percibe una disposición real por parte del mandatario para trabajar en beneficio de la comunidad universitaria. Un ataque armado en un lugar donde miles de estudiantes están en riesgo no es un asunto menor y exige una respuesta contundente y efectiva.

POR ALEJANDRO SÁNCHEZ

COLABORADOR

[email protected]             

@ALEXSANCHEZMX