Puerto Vallarta sigue siendo un punto crítico a nivel nacional e internacional para delitos como la trata de personas y la explotación sexual infantil, así lo mencionó en entrevista para “Así las Cosas” Sandra Quiñones, abogada y defensora de derechos humanos, quien ha documentado durante años esta problemática en la región. Expuso que la detención de Alejandro ‘N’, productor de contenido para adultos, señalado por su presunta participación en delitos de trata de personas, específicamente en la modalidad de prostitución ajena y otras formas de explotación sexual, reactivó una alerta que, aunque conocida, pocas veces se atiende de forma estructural “Seguimos siendo un destino que atrae a agresores sexuales. No es nuevo, no es secreto. Lo grave es que no hay políticas públicas para prevenirlo. Y mientras tanto, niñas, niños y adolescentes siguen siendo víctimas”, advierte. Sandra Quiñones consideró que la ubicación geográfica de Puerto Vallarta lo hace especialmente vulnerable para delitos de explotación sexual, pornografía infantil y trata con fines sexuales, sobre todo de menores. A ello se suma la presencia de una economía turística que permite el encubrimiento de estas actividades. “¿Dónde se grababan esos materiales? ¿En hoteles? ¿Casas? ¿Con complicidad de quién? Porque esto no ocurre sin protección institucional. Hay autoridades municipales, estatales y federales que miran hacia otro lado o, peor aún, son parte de estas redes”, señala. La defensora insiste en que hay un pacto tácito de silencio y complicidad entre ciertos sectores empresariales, sociales y políticos. “Para que una red de trata opere, necesita espacios, dinero, protección, permisos. Esto no sucede en la clandestinidad absoluta”, puntualizó. Una de las principales preocupaciones de Quiñones es la falta de seguimiento a las víctimas, quienes muchas veces quedan fuera de las estadísticas y de los sistemas de atención del Estado. “No basta con denunciar. Se necesita atención médica, psicológica, legal. Y hoy por hoy, el Estado no está garantizando rutas claras de atención para víctimas de agresiones sexuales. Las niñas y niños abusados se vuelven víctimas invisibles”, afirma. Según datos obtenidos por Quiñones a través de solicitudes de transparencia, desde 2018 el delito de abuso sexual infantil en Puerto Vallarta ha incrementado en un promedio del 18% anual. Sobre los métodos de operación, la defensora detalla que, en el caso del abuso sexual infantil, el agresor suele ser una persona de confianza, incluso familiar, que opera en silencio, mediante amenazas o manipulación emocional. “No es el extraño en la calle. Es el tío, el hermano, el padrastro. Y por eso es tan difícil de denunciar”, apunta. En el caso de la trata con fines de explotación sexual, el problema se agrava porque responde a la demanda de los consumidores, quienes incluso solicitan características específicas de las víctimas en mercados como la dark web. “Aquí no importa el nivel socioeconómico de la víctima, sino lo que el consumidor pide. Y en Vallarta, como en otras zonas turísticas, hay redes que satisfacen esa demanda”, denuncia.