Con el propósito de evitar la posible comisión de un delito, y cuando exista la sospecha razonable de pueda existir el intento de cometer algún ilícito, los diputados locales del Partido del Trabajo, Ana Luisa del Muro y Xerardo Ramírez Muñoz, solicitaron a la Secretaría de Educación en la entidad, firme un convenio con la Asociación estatal de padres de familia, para que autoricen la revisión de las mochilas en los centros educativos.

Lo anterior con base en la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que  especifica, de manera clara, que en casos justificados y bajo sospecha razonable o en casos excepcionales, cuando sea evidente la posible comisión de un delito, es factible la revisión de mochilas en centros educativos.

Argumentan que resulta legal que las comunidades escolares que así lo decidan, pueden llevar a cabo programas de seguridad escolar en el marco de un diseño consensual y no obligatorio, para la revisión de las pertenencias de los educandos.

Por ello, la diputada Ana Luisa del Muro García, propuso solicitar a la titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado, firme un convenio de colaboración con la Asociación Estatal de Padres de Familia del Estado de Zacatecas, a efecto de que se  autorice por las madres, padres de familia y tutores de  los estudiantes  de educación   básica   pública   y   privada,   para   que   se   realicen   los   procedimientos   de   revisión   de mochilas en los centros educativos.

Sólo faltaría la autorización de la Secretaría y la consolidación de un eventual convenio con los padres de familia, con el único propósito de abonar a la tranquilidad de los estudiantes y evitar las posibles tentaciones de que se pueda cometer algún ilícito al interior de los centros educativos.

También solicitó la intervención de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para dar una muestra de confianza a la población y así evitar cualquier posible tentación de que se violente algún derecho fundamental de los estudiantes. Para tal efecto se requiere la participación de la autoridad tanto en materia educativa, como de la secretaría de seguridad y también de la subsecretaría de prevención del delito del Gobierno estatal.