El Instituto Nacional Electoral (INE) promovió este martes una demanda de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022 (PEF 2022), publicado el 29 de noviembre pasado en el Diario Oficial de la Federación. En dicho decreto, la Cámara de Diputados resolvió, entre otros aspectos, aplicar un recorte por 4 mil 913 millones de pesos al presupuesto originalmente solicitado por el INE. El recorte determinado por el Legislativo, que careció de motivación o justificación alguna en el decreto presupuestal, impide el ejercicio pleno de las atribuciones constitucionales a las que está obligada la autoridad electoral, en particular, la realización de un eventual proceso de Revocación de Mandato que, en caso de ser solicitado por la ciudadanía, requiere de 3 mil 830 millones de pesos para llevarse a cabo, mismos que fueron solicitados presupuestalmente a la Cámara de Diputados. Así, con el recorte, la Cámara de Diputados dejó sin fondos al INE para cumplir a cabalidad con esa obligación expresamente señalada en la Carta Magna. El Instituto, en la elaboración de su presupuesto para 2022, incluyó un monto como presupuesto precautorio, tanto para la realización de una eventual Revocación de Mandato como de una nueva Consulta Popular, atendiendo a lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió respecto de otra controversia constitucional que el INE promovió sobre la convocatoria a la Consulta Popular que se realizó este 2021, en el sentido de que la autoridad electoral tenía la “obligación de prever” los recursos suficientes para este tipo de ejercicios de participación ciudadana contemplados en el artículo 35 de la Constitución. Al no haber sido otorgados por el Legislativo los mencionados recursos y al haberse aplicado un recorte que excede en mucho la solicitud presupuestal formulada, el INE consideró procedente someter a consideración de la SCJN que ordene a la Cámara de Diputados proveer al Instituto de los recursos necesarios para organizar, eventualmente, la Revocación de Mandato, cumpliendo todos los principios y reglas a que está obligado. Al no contar con dicho presupuesto, el Instituto no está en condiciones de cumplir sus funciones tal y como lo mandata la Constitución y la ley, además de que se violan sus garantías institucionales otorgadas por la Constitución y, con ello, el ejercicio de los derechos humanos político-electorales de la ciudadanía. El INE reitera que tiene toda la disposición y cuenta con toda la experiencia necesaria para llevar a cabo, como es debido, este ejercicio de participación ciudadana. Asimismo, manifiesta su confianza en las instituciones de justicia de este país y subraya que, para el cabal cumplimiento de sus obligaciones constitucionales, el INE debe contar con suficiencia presupuestaria que garantice los principios constitucionales de legalidad y certeza. Comisión del INE presenta ajuste al presupuesto La Comisión Temporal de Presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) presentó un ajuste al presupuesto del organismo para 2022 que deberá ser aprobado por el Consejo General, ante el recorte que impuso la Cámara de Diputados de 4 mil 913 millones de pesos. El objetivo de esta nueva propuesta es economizar para cumplir con compromisos como las elecciones en seis estados y la organización de la Revocación de Mandato. Jaime Rivera Velázquez, presidente de la Comisión, explicó que con el recorte el INE “se ha dado a la tarea de revisar los proyectos institucionales susceptibles de modificación y algunos otros rubros en los que pudiera haber una disminución de costos a fin de aproximarse, en lo posible, a las necesidades de esos gastos adicionales que deberá enfrentar en 2022, en el caso de que se cumplan todos los requisitos para la realización de una Revocación de Mandato”. A pesar de los ajustes, faltarían 2 mil 554 millones de pesos, para la revocación de mandato, expuso, “pero se ha hecho un esfuerzo de ajuste y de disminuciones para acercarnos un poco al monto necesario para la realización de este ejercicio de participación ciudadana con todas las garantías de imparcialidad y confiabilidad”. --

Con información de López Dóriga digital