Con la reciente creación Procuraduría Urbana, se buscará organizar, impulsar asesorar, defender, orientar entre otras gestiones a los ciudadanos, en cuanto a los procesos de urbanización y desarrollo urbano del estado de San Luis Potosí, señaló el recién nombrado titular de la dependencia Fernando Gámez Macías. Dijo que esta procuraduría es un organismo descentralizado, conformado por una directiva, en la cual se encuentran diversas secretarías, que son las prestadoras de servicios para garantizar el desarrollo de San Luis Potosí.  “Nos dejaron una nula planeación en cuanto al tema del desarrollo urbano, el crecimiento en zonas afectadas con inundaciones, desniveles topográficos, etc., es todo un reto (…) es coordinarnos con los ayuntamientos y las autoridades competentes para poder impulsar el crecimiento del estado de manera ordenada y por supuesto, impulsar el crecimiento y el desarrollo con la iniciativa privada”, explicó el funcionario. Dijo que en la ciudad hay una demanda muy grande de la población y que necesita un nuevo espacio y por ende de nuevos servicios, en los últimos 10 años incrementó el número de unidades habitacionales y esto requiere de una planeación instantánea, una organización inmediata con las autoridades para coordinar la prestación de los servicios y ese es el reto más grande al momento. Se estarán gestionando posibles soluciones a problemas como “los fraccionamientos que están sin servicio porque nunca fueron municipalizados, donde no se haya garantizado los atlas de riesgo, lugares donde no se han garantizado los servicios, donde no se ha generado un desarrollo armónico de los habitantes de una zona, hacer que las autoridades involucradas cumplan con su responsabilidad, etc., es decir, la procuraduría pueda entrar con estas temas para que ciudadanía tenga soluciones a las problemáticas urbanas” Finalmente dijo que hay una sinergia con las cámaras empresariales para poder planear el San Luis de los próximos años con elementos importantes como, la movilidad, el ordenamiento territorial, el incremento de la competitividad, la prestación de los servicios públicos y el derecho de la ciudad.