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No se necesita una nueva reforma penal, pero sí un replanteamiento
16:31 miércoles 17 abril, 2024
San LuisLa prisión preventiva oficiosa es una figura que desde hace años debió de desaparecer de los sistemas penales, expresó el presidente de la Barra Mexicana de Abogados Capítulo San Luis Potosí Jorge Chessal Palau. El barrista expuso que no se necesita una nueva reforma penal, pero sí un replanteamiento, ya que con la prisión preventiva los centros penitenciarios se saturan con personas privadas de su libertad sin sentencia, mientras que los jueces de control o los juzgadores no se dan abasto, por la enorme cantidad de expedientes que deben procesar todos los días. El mismo fenómeno sucede en las fiscalías estatales, o en las Defensorías de Oficio, agregó el abogado. Chessal explicó que esos componentes del sistema deben despresurizarse de otra manera que no sea solo la sanción penal o el internamiento en centros penitenciarios.
Dijo que están los métodos alternativos de solución de controversias, en los que pueden dirimirse varios casos, sin la necesidad que avancen a una judicialización. "En San Luis Potosí hay un catálogo de fraudes que son cometidos con frecuencia, y que pueden desahogarse de esa manera". Con ello, añadió que las autoridades judiciales y penales, pueden concentrarse en la atención de los casos que por su peligro que representan, sí merecen prisión preventiva. La desaparición de la figura de la prisión preventiva oficiosa, era una medida que debió preverse en los diferentes ámbitos, porque México había sido emplazado a su extinción, mediante una sentencia hecha por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. La Secretaría de Gobernación el martes pasado advirtió que con el cumplimiento de esa resolución de la CIDH, se anticipa que poco más de 60 mil personas privadas de su libertad, imputados de cometer diferentes tipos de delito, puedan egresar de los centros penitenciarios. Las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) establecen que en los penales potosinos, un 90 por ciento de los poco más de 2 mil 200 personas privadas de su libertad, no han recibido sentencia y están bajo la figura de la prisión preventiva oficiosa.