El esquema de prisión preventiva oficiosa debe desaparecer en México, dado que da pie a que se encarcele a personas por delitos que no cometieron y a que no haya una verdadera reinserción social en el país, consideró José Mario de la Garza Marroquín, presidente de Fundación Renace.

El presidente de Fundación Renace comentó que solo debería encarcelarse a personas que, con pruebas, se acredite que son peligrosas para la comunidad estando en libertad o que tienen los recursos para evadirse de la acción de la justicia, ya sea porque pueden salir del país o porque cuentan con varios domicilios. Estas pruebas deberían valorarse en un tribunal y debería ser un juez quien decida si el acusado debe ir a la cárcel o no.

José Mario de la Garza mencionó que el esquema de prisión preventiva oficiosa genera “un efecto perverso”, en el que la Fiscalía construye las carpetas de investigación buscando que encuadren en estos delitos de prisión preventiva para que los acusados vayan a la cárcel y, entonces, las personas pueden pasar años tras las rejas antes de que se les dicte una sentencia.

“El sistema penitenciario es un gran fracaso porque me mandan a prisión preventiva y quedo totalmente desprestigiado, quedo señalado como un criminal, mañana toco la puerta y no me dan oportunidades en ningún lado, entonces ¿dónde queda la reinserción y la posibilidad de que el sistema penitenciario me permita readaptarme en la sociedad? ... las cárceles no están diseñadas para reinsertar, sino para castigar”, declaró el abogado.

Una de las problemáticas que genera la prisión preventiva oficiosa, según afirmó el presidente de Fundación Renace, es que la presunción de inocencia queda diluida y el sistema penal en México se convierte en una herramienta que sirve para dos cosas: encarcelar a adversarios políticos de quienes tienen el poder y cumplir con cuotas de encarcelamiento de personas que no tienen los recursos para defenderse.

El abogado también criticó que no se está recurriendo a las medidas alternas de solución de conflictos, que plantea el nuevo sistema de justicia penal acusatorio para evitar que las personas vayan a prisión por delitos muchas veces menores, aunado a que a la abogacía mexicana no le interesa resolver esta problemática social.