El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2026 vuelve a recordarnos que en México seguimos administrando inercias, no construyendo soluciones. Se anuncian 1.2 billones de pesos para educación, una cifra que parece ambiciosa, pero que en términos reales apenas representa un aumento de 2.1% respecto a 2025. Lejos de ser un avance, este incremento marginal confirma que la educación sigue tratándose como un gasto, no como una inversión estratégica para el futuro.

A nivel nacional, el desglose del presupuesto muestra un patrón claro. Los recursos se concentran en nómina, becas y obras visibles, dejando a un lado los temas que realmente inciden en el aprendizaje: formación continua de profesores, acompañamiento pedagógico a estudiantes, evaluación de resultados y desarrollo de habilidades para aprender a aprender. El gasto programable incluso baja su proporción dentro del presupuesto total, de 16.9% a 16.6%. Es decir, crece el monto total, pero la educación pierde peso en la agenda nacional. En términos claros, la rebanada es más grande pero proviene de un pastel más chico. Administrar inercias es mantener la ilusión de avance mientras el sistema se estanca.

El Programa Sectorial de Educación (PSE) define seis objetivos nacionales y 33 estrategias. Pero el presupuesto solo tiene recursos suficientes para financiar 16 de ellas (48%), dejando la mitad sin posibilidad real de ejecución. Este desbalance ilustra la desconexión entre el planeamiento y la asignación de recursos. Se habla de fortalecer aprendizajes, pero se destina menos del 1% al fortalecimiento de la lectura y las matemáticas; se presume el compromiso con la equidad, pero la cobertura de educación inicial sigue estancada en menos del 7% del total de niños menores de tres años.

La infraestructura escolar sigue siendo otro agujero negro. Programas como La Escuela es Nuestra y el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) trasladan la responsabilidad del manejo de los recursos a madres y padres de familia, quienes se convierten en administradores improvisados de obras escolares. Esto no solo representa un riesgo de inequidad —porque no todas las comunidades tienen la misma capacidad de gestión— sino una renuncia del Estado a su obligación de garantizar espacios seguros y funcionales. La falta de planeación técnica provoca que muchas escuelas inviertan en lo urgente, pero no en lo estructural: techumbres en lugar de agua, pintura en lugar de conectividad. Además de los múltiples casos de irregularidades documentados desde terreno sin consecuencias hasta el momento.

Los efectos de este modelo presupuestal se sienten con fuerza: escuelas con techos dañados, baños inservibles, falta de agua, ausencia de conectividad y maestros que, pese a su compromiso, carecen de formación continua por falta de recursos. El dato es brutal: el presupuesto federal destina solo 91 pesos por docente para desarrollo profesional, una cifra simbólica que revela el abandono de la formación pedagógica y la improvisación como norma. Así no se construye calidad educativa.

Mientras tanto, en estados como San Luis Potosí, la brecha educativa se profundiza. En comunidades rurales y suburbanas, el aprendizaje se mide en la capacidad de resistir la precariedad. Los maestros enfrentan aulas sin ventilación, mobiliario roto y materiales obsoletos. Las familias, con ingresos cada vez más limitados, deben cubrir lo que el Estado omite: papel, limpieza, seguridad, mantenimiento. Si algo evidencia este presupuesto es que el esfuerzo por sostener la escuela recae, una vez más, en los hombros de quienes menos tienen.

Sin embargo, no todo está perdido. Este contrainforme presupuestal debe servir como punto de partida para una discusión pública más seria. Si queremos romper la inercia y colocar a la educación en el centro del desarrollo, se requieren tres ajustes fundamentales:

Primero, reorientar el gasto hacia los aprendizajes esenciales, garantizando recursos para formación docente, evaluación pedagógica y acompañamiento técnico en cada región. Ningún peso invertido solo en becas sustituye la necesidad de maestros capacitados y escuelas que enseñen bien priorizando el aprendizaje de calidad.

Segundo, crear fondos estatales y municipales de mantenimiento escolar con participación ciudadana, para que los recursos de infraestructura se asignen con criterios técnicos y transparencia, sin depender de programas clientelares o de la voluntad política del momento.

Tercero, establecer un compromiso legislativo vinculante: que los diputados federales de San Luis Potosí —y de todo el país— asuman la obligación de revisar cada año la eficiencia del gasto educativo y rindan cuentas públicas sobre su voto en materia presupuestal. La sociedad civil debe sumarse a esta exigencia. No se trata de más dinero, sino de mejor uso del dinero.

La escuela ya no necesita discursos ni cifras maquilladas. Requiere decisiones valientes. Administrar inercias es renunciar al futuro. Exigir una educación con presupuesto digno y orientado a resultados es el primer paso para garantizar que nuestros hijos aprendan en escuelas seguras, con maestros formados y con la esperanza real de construir un país más competitivo.

*Profesor | Activista por el #DerechoAprender en SLP

 Director Ejecutivo en Horizontes de Aprendizaje AC

 Twitter: @FhernandOziel

 Facebook: @haprendizaje