Un tribunal peruano reprogramó para el próximo 15 de mayo la audiencia de evaluación del pedido fiscal para que se impongan 28 meses de prisión preventiva a Lilia Paredes, la esposa del expresidente Pedro Castillo (2021-2022) actualmente asilada en México, en la investigación que se le sigue junto a 2 de sus hermanos por un presunto caso de corrupción gubernamental. La decisión fue tomada por el Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, a cargo del magistrado Raúl Justiniano, quien precisó que la audiencia de variación de la medida de comparecencia simple por la de prisión preventiva se realizará desde las 10:00 h local del 15 de mayo. La Corte Superior Nacional agregó que la medida se tomó “a efectos de no vulnerar el principio del debido proceso“, tras recibir un “escrito de la defensa de la ex primera dama, quien solicitó una nueva fecha debido a que tiene agenda programada de 9 audiencias en distintos procesos”. El pasado 29 de marzo, el juez Justiniano ya rechazó un primer pedido de imponer 36 meses de prisión preventiva a Paredes, tras declarar “fundada la nulidad” del pedido fiscal, que fue presentada por los abogados de Paredes y sus hermanos Walter y David, investigados por presunta colusión y organización criminal. En ese momento, Justiniano detalló que la Fiscalía debió solicitar primero que se revoque la orden de comparecencia simple dictada a los investigados antes de pedir directamente la prisión preventiva. El juez remarcó, sin embargo, que su resolución “deja a salvo el derecho del Ministerio Público” para que pueda volver a formular los requerimientos judiciales “que considere pertinentes”. Tras conocer la decisión, el representante fiscal anunció que iba a presentar una apelación “en el plazo correspondiente” y los abogados defensores manifestaron su conformidad. Paredes siguió esa audiencia en forma remota y ante una consulta del juez evitó dar su dirección exacta, pero manifestó que, “como todos saben”, está “asilada en México”, un estatus otorgado por el presidente Andrés Manuel López Obrador tras el fallido golpe de Estado dado por Castillo el 7 de diciembre pasado. La esposa de Castillo y sus hermanos son investigados por la presunta organización criminal que, según la denuncia, dirigió el ahora exgobernante para obtener sobornos y entregar obras públicas a empresarios amigos, así como designar a sus allegados en puestos públicos a cambio de dinero y favores políticos. El día que Castillo dio el fallido golpe de Estado estaba camino a la Embajada de México con sus hijos menores de edad, pero fueron impedidos de continuar su desplazamiento por la Policía Nacional y la seguridad del Estado que recibió la orden de detener al ex jefe de Estado por rebelión y conspiración. El exgobernante permanece desde entonces en prisión preventiva mientras es investigado por su intento de golpe de Estado, así como por los casos de presunta corrupción al interior del Ejecutivo durante su gestión. -- Con información de López-Dóriga Digital