Este 15 de enero inició un paro de labores de trabajadores del Poder Judicial de San Luis Potosí, en donde se llevó a cabo el cierre y bloqueo de las instalaciones de parte de sus trabajadores por falta de pago. En entrevista para AltaVox el abogado, José Mario de la Garza, señaló que era una problemática que ya llevaba tiempo siendo arrastrada, pues luego de acudir al Ejecutivo a presentar su presupuesto anual y que éste sea autorizado, no les entregan el dinero físicamente y solo lo van dosificando durante el año. Y aun cuando se habla de que las instituciones deberían de ser “autónomas”, si no les entregan el dinero autorizado completo y solo lo van dosificando, es porque existe, se mantiene un control sobre ellas, consideró el abogado. Si bien, los únicos que pueden hacer movimientos dentro de la Constitución, son los diputados y el gobernador. Se ha exhortado a que sean ellos quienes hagan las modificaciones necesarias para que quede estipulado un porcentaje del presupuesto para el Poder Judicial. Dentro de las consecuencias por el cierre de las instalaciones por manifestaciones, no solo afecta a los trabajadores y sus derechos laborales, también impacta en aquellos que están llevando a cabo un juicio. Argumento que el hecho de que la Federación sea la encargada de distribuir la mayoría del dinero público, generaba una problemática de la distribución del dinero a nivel federal y local, además de la falta de planeación financiera y una proyección sobre el dinero que van a requerir las instituciones.