Karina Gómez

Se están repartiendo mal los programas sociales, en la medida en la que están llegando en mayor proporción a las personas de mayores ingresos y en menor proporción a las personas de menores ingresos, priorizando la asignación de los recursos públicos a grupos poblacionales que en general sí votan, es decir, hay un factor político en la lógica de la planeación para la entrega de estos programas, señaló Sofía Ramírez, directora general de México cómo vamos. Enfatizó que tampoco se permeando la educación y la calidad de vida de los niños desde la vida temprana, priorizando la asignación de los recursos públicos que son escasos a grupos poblacionales específicos, “el hecho de que los programas sean universales, el tema de fondo es que se proteja a las personas que más lo necesitan”.

Los investigadores han identificado que la cobertura de programas sociales de las personas, el 5% más pobre de toda la población ha perdido por lo menos 14 puntos porcentuales de cobertura, pasando del 68% en 2016 a 54% en 2023, “hubo una disminución en el desempleo y mayor participación laboral, sin embargo, la mayor ocupación y sigue creciendo es la informalidad”. La informalidad tiene todo que ver con los programas sociales, porque las personas que trabajan en un empleo informal, son personas que no solo no tienen seguridad social, no tienen un contrato, no está reconocido ante alguna autoridad la vinculación laboral, por lo tanto, están en una situación de mucho mayor precariedad laboral, “si tuviéramos un mayor alcance de estos programas sociales a quien más lo necesitan, si tuviéramos una acción de atender a las personas que tienen empleos de mala caridad o precarios o de una combinación de ambos, entonces muy probablemente las transferencias sociales serían una menor parte del ingreso de las familias sobre todo los de menores ingresos”.  El problema es que no se están asignando a las personas que más los necesitan y como los recursos son escasos se está “descobijando” a otros grupos sociales, dijo que, la solución está en mejorar el mercado laboral y atender dos de los grandes problemas, la informalidad y la baja participación laboral de la mujer. Finalmente señaló que, la ley marca que los programas sociales no pueden estar vinculados a temas electorales, pero es inevitable que quien recibe un programa tenga mayor motivación para salir a votar, “aquí es donde entra el delito electoral, hacer creer a la gente que estás condicionado su programa social con el hecho de ir a votar por tal o cual partido y ahí esta está estipulado en la ley, ahí es dónde radica la malversación y el mal uso de los recursos públicos sin dudar”.