La obsolescencia programada constituye una grave violación a los derechos de los consumidores y configura un grave daño al medio ambiente al obligar a los usuarios a sustituir sus aparatos electrónicos constantemente, aseguró la senadora Geovanna Bañuelos.

“Actualmente, las empresas que se dedican a la fabricación de productos electrónicos y de electrodomésticos, como tabletas, computadoras, celulares, refrigeradores, entre otros, están actuando de manera deliberada al obligar a las personas a consumir constantemente nuevos productos”, mencionó la legisladora.

Geovanna Bañuelos, enfatizó que los fabricantes utilizan técnicas mediante las cuales se reduce la duración de vida útil para aumentar su tasa de reemplazo.

Por ello, la coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo presentó una iniciativa para regular la obsolescencia programada, así como plantear en la Ley Federal del Consumidor la inclusión de etiquetado sobre el impacto ambiental de los productos electrónicos, eléctricos y electrodomésticos.

Geovanna Bañuelos explicó que la propuesta busca dotar al Estado de herramientas para promover, respetar, proteger y garantizar el derecho humano a vivir en un medio ambiente sano para el desarrollo y el bienestar, el derecho al agua y el derecho a la protección de la salud.

En el documento presentado al Senado de la República propone ampliar el concepto de información adecuada y clara relativa al tiempo de vida útil del producto, momento en que se dejarán de fabricar refacciones o se dejará de brindar servicio al producto, así como su impacto ecológico, precio y disponibilidad de los repuestos para su reparación.

Asimismo, plantea prohibir la venta de productos con obsolescencia programada, que los artículos tecnológicos, electrónicos y electrodomésticos cuenten con una garantía no menor a dos años y se faculta a la Secretaría de Economía para que mediante una Norma Oficial Mexicana emita las características de los productos para erradicar la obsolescencia programada y ampliar su vida útil.

“Proponemos facultar a la Procuraduría Federal del Consumidor para combatir y erradicar la obsolescencia programada y para emitir los lineamientos para la comercialización y publicidad de los productos tecnológicos, electrónicos y electrodomésticos”, apuntó.

Además, se propone agregar a la obsolescencia programada dentro del catálogo de sanciones para quien incurra en esta práctica, que puede ir de la clausura total o parcial del establecimiento, o con multas de 187 mil pesos a 5 millones e incluso con una multa correspondiente al 10% de los ingresos brutos anuales obtenidos de la comercialización del producto.

La líder petista en el Senado informó que de acuerdo con el American Journal of Engineering Research, al 27.4% de los usuarios de celular les dura menos de seis meses su dispositivo, mientras que el 24% puede llegar a tenerlo hasta por año, pero sólo un 9.2% de los usuarios cuentan con aparatos cuya vida útil supera los tres años o más.

Además, subrayó que el diseño pensado para acortar la vida útil de los productos, mejor conocido como obsolescencia programada, provoca la generación de más residuos electrónicos, lo que impacta directamente en el medio ambiente y vulnera el derecho humano a la protección de la salud, el derecho humano a vivir en un medio ambiente sano, así como el derecho al agua.

“Debemos transitar a una economía circular y sostenible para cuidar a nuestro planeta y garantizar el derecho humano a un medio ambiente saludable. La obsolescencia programada amenaza la flora y la fauna de diversas partes del mundo y los desechos tecnológicos pueden, incluso, afectar a los seres humanos. A su vez, la práctica afecta el bolsillo de las familias mexicanas”, concluyó Geovanna Bañuelos.

La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Economía y de Estudios Legislativos, Segunda, para su análisis y posterior dictamen.