Pase lo que pase con el proyecto presidencial de reforma electoral -cuyo dictamen fue discutido en las últimas horas en la Cámara de Diputados-, en Morena ya opera el reflejo de siempre: si la mayoría calificada no alcanza, se abre la puerta del Plan B.

Es decir, modificar leyes secundarias para cambiar el sistema electoral sin tocar la Constitución; ganar por la vía técnica lo que no se consigue por la vía épica.

En Palacio Nacional ya dan por sentado que la iniciativa original no amarrará las dos terceras partes en San Lázaro, así que el ajuste de estrategia es, más que opción, necesidad. La presidenta Claudia Sheinbaum quiere sentar un precedente con un objetivo que vende bien: reducir el costo de las elecciones.

La ruta sería la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), el corazón operativo del INE, donde se mueve lo que realmente duele: organización, fiscalización, padrón, procedimientos.

Ahí, Morena puede avanzar con mayoría simple y sin la negociación tortuosa de una reforma constitucional.

El giro tiene un dato político aún más interesante: con el Plan B, Morena podría dejar a un lado -al menos en lo central- a sus aliados del PT y el PVEM, y construir acuerdos parciales con la oposición.

No por amor al consenso, sino por utilidad: la coalición sirve mientras suma; si estorba, se rodea. Y en esa geometría, el PAN y Movimiento Ciudadano aparecen como interlocutores potenciales para empujar cambios “vendibles” a la opinión pública.

El partido azul, que dirige Jorge Romero, lleva tiempo insistiendo en un punto que a todos conviene decir en voz alta: candados contra el dinero del narco en campañas y fiscalización más dura.

Lo relevante es que esa agenda, bien redactada, no exige Constitución: exige voluntad y dientes institucionales. En el caso de Movimiento Ciudadano, encabezado por Jorge Álvarez Máynez, hay una propuesta que suena moderna y polémica a la vez: el voto electrónico aplicado de forma gradual.

También se han deslizado ideas como ajustes a reglas de participación, sin necesidad de abrir la caja de Pandora constitucional.

A eso se suman otros rubros “amables” para el discurso: reducción de prerrogativas a partidos, ajuste al gasto electoral y recortes a la estructura de operación.

Todo cabe en el mismo empaque: austeridad electoral, eficiencia, “menos dinero a la política”. Pero el diablo vive en los detalles: bajar costos sin debilitar controles puede ser un avance; bajar costos debilitando al árbitro y la vigilancia puede ser un retroceso.

Además de todo eso, el Plan B también le permite a Morena un truco narrativo: si la reforma constitucional “nació muerta” -como decían los capitanes de Morena en el Congreso, como Ricardo Monreal-, entonces el gobierno puede presumir pragmatismo: “No pudimos por la puerta grande, pero sí por la puerta lateral”. En política, eso se llama no perder.

Ahora, la pregunta no es si habrá Plan B; la pregunta es qué tan “B” será: ¿un paquete para limpiar campañas, fiscalizar y ahorrar, o un atajo para reconfigurar el juego a conveniencia? Porque cuando el poder pierde votos en el pleno, suele buscar votos en el reglamento. Y ahí, en letras chiquitas, es donde se decide la democracia.

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EL PRÓXIMO 18 DE MARZO, fecha en la que se conmemora la Expropiación Petrolera, la presidenta Claudia Sheinbaum dará a conocer uno de los planes más ambiciosos de los últimos tiempos para relanzar Petróleos Mexicanos, que dirige Víctor Rodríguez, y gran parte de la política energética del país, incluido el relanzamiento de la Refinería Dos Bocas.

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Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “Si no puedes reformar el sistema, reforma el reglamento”.

POR ALFREDO GONZÁLEZ CASTRO 

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