A PARTIR DE noviembre del año próximo el número de arribos de cruceros turísticos a Quintana Roo empezará a disminuir drásticamente, si el gobierno federal no reduce el llamado “derecho marítimo”.

Por lo menos la línea Princess cancelará 18 salidas al estado que gobierna Mara Lezama, lo que equivaldrá a 33 atraques en Cozumel y Majahual, los principales destinos del Caribe mexicano.

Quintana Roo es la entidad que más cruceros capta al año, por encima de Los Cabos, Puerto Vallarta, Mazatlán, Acapulco, Manzanillo, Huatulco o Progreso, los cuales representan 40% de su PIB.

Ya le adelantábamos el martes la respuesta-advertencia que la Asociación de Cruceros de Florida y el Caribe (FCCA), que dirige Michele Paige, dio a la Secretaría de Turismo la semana pasada.

La postura fue secundada por Carnival Corporation, la empresa que concentra 50% de la capacidad mundial de embarcaciones, dueña de ocho líneas, entre ellas Carnival, Princess P&O Cunard y Costa.

Igual que ese emporio que preside Josh Weinstein, otra compañía con presencia relevante en nuestro país, Norwegian Cruise Line, a través de su también CEO, Harry Sommer, respondió en los mismos términos.

Y es que la FCCA y socios insisten en que ese nuevo impuesto que debió entrar en vigor en enero va sacar de la competencia a los puertos mexicanos, encareciéndolos hasta un 213% más.

La titular de la Sectur, Josefina Rodríguez, intercedió para que el cobro de la tarifa se aplazara seis meses, de enero a julio, y, lo más importante, logró que se redujera de 42 a 21 dólares.

Pero las compañías de cruceros no quedaron satisfechas y replicaron señalando que para evitar que se vayan de México están dispuestos a pagar 15 dólares y gradualmente en dos años.

En la contrapropuesta de la funcionaria se enlistó un conjunto de aspectos en los que se dio vista a otras dependencias, como la secretaría de Economía y el Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional.

En línea con las estrategias de Marcelo Ebrard y Altagracia Gómez, se pidió a la FCCA comprometer un porcentaje mínimo de adquisición de productos bajo el programa Hecho en México este 2025.

Asimismo, trabajar conjuntamente en métricas de crecimiento en la participación de empresas mexicanas dentro de la cadena de suministro de la industria de cruceros a lo largo del tiempo.

También posicionar la artesanía, textiles y arte mexicanos en las travesías y espacios portuarios de las navieras y aumentar el suministro de proveeduría de productos mexicanos que se utilizan a bordo de los barcos.

Y no se diga, ampliar la promoción del destino México a través de sus canales de comunicación y aumentar la generación de empleos a través de la industria que la asociación de cruceros representa.

LOS PRECRITERIOS DE Política Económica 2026 que entregó la Secretaría de Hacienda a la Cámara de Diputados, dejan claro que el panorama para el petróleo mexicano será muy nublado este año. Edgar Amador tuvo que reconocer la realidad y aceptar que la producción de hidrocarburos caerá 5.4% con respecto a lo que se había programado en el presupuesto 2025, con base en la trayectoria observada en los primeros meses del año. La producción ajustada a la baja, de apenas 1.76 millones de barriles diarios, queda lejos de la meta de 1.86 millones que Hacienda había considerado el año pasado. Esta reducción se atribuye a la profunda crisis operativa de Pemex, asociada con su estratosférica deuda con proveedores, el prolongado declive de los campos maduros y una transición política que sólo ha generado incertidumbre y desencuentros entre los que llegaron y los que se fueron. Hacienda también reconoció que en 2024 los ingresos petroleros tuvieron una caída anual de 15% en términos reales, una cifra alarmante para las finanzas públicas, sobre todo si, como pronostica la propia dependencia, los ingresos seguirán cayendo aún más en 2026, cuando el país dejará de recibir 131 mil millones de pesos adicionales por la venta de petróleo, principalmente por un precio más bajo del crudo, que rozará los 55 dólares por barril. La apuesta por los llamados “contratos mixtos” y el rediseño del régimen fiscal para Pemex, que dirige Víctor Rodríguez Padilla, parecen insuficientes para revertir esta tendencia, que podría desembocar según Hacienda en una tormenta perfecta para la petrolera nacional, en medio de una creciente tensión arancelaria con nuestro principal socio comercial.

YA SE EMPIEZA a mover el Tesoro de Estados Unidos en torno al bloqueo de cuentas de empresas que lavan dinero de procedencia ilícita. El lunes Scott Bessent mencionó siete ligadas al Cártel de Sinaloa. Un sector expuesto por la falta de controles es el de las sociedades financieras populares, mejor conocidas como Sofipos. El martes le platicamos del marcaje de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que preside Jesús de la Fuente, sobre algunas. Son los casos de Te Creemos y CAME (Consejo de Asistencia al Micro Emprendedor), que encabezan Bryan Wagner y Pablo Coballasi. Otros vehículos financieros vulnerables frente a la nueva directiva del gobierno de Donald Trump son los llamados agregadores, tipo Ayden, Kushki, Clip, OpenPlay, Mercado Pago, Smart Payments, PayU, Conekta, Acnet, Bzpay, Stripe y Netpay, entre otros.

A PESAR DE su historial polémico, la firma de tecnología Sixsigma Networks, que ahora dirige Octavio Camarena Villaseñor, sigue vigente en el segundo piso de la 4T. Recientemente el IMSS, que encabeza Zoé Robledo, le entregó a través de una adjudicación directa el contrato con número 050GYR019N03925-001-00, para brindar el “Servicio de continuidad de la Nube IMSS 2025”, con el que se busca mantener la operación del Centro de Datos del Instituto. El servicio, cuya vigencia va del 1 de abril al 31 de diciembre de 2025, tendrá un costo máximo de 317 millones de pesos. La empresa conocida también como KIO Networks se encargó de otorgar este servicio para el IMSS el año pasado, cobrando entonces poco más de 307 millones de pesos.

LA SECRETARÍA DE Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, de Jesús Esteva, seleccionó a Cortez Palma CIA Constructora para reconstruir el puente Cuate II en el municipio de La Huacana, Michoacán, que se desplomó hace medio año por el desbordamiento del río Balsas. Según la licitación LO-09-211-009000959-N-40-2025, la firma debió comenzar este mes con las labores que costarán poco más de 32.3 millones de pesos y tendrán que concluirse en septiembre próximo. El único inconveniente es que la mencionada compañía tiene antecedentes de incumplimiento de contratos en aquel estado durante el gobierno del hoy prófugo de la justicia Silvano Aureoles.

JESÚS VIZCARRA MANDÓ una aclaración a este espacio. “En mis más de 50 años de trabajo he sido muy firme y reiterativo en que siempre me he conducido dentro de la legalidad en todas mis actividades personales, empresariales y sociales, así como en mi etapa en el servicio público, conduciéndome dentro de los valores éticos universales. En relación con versiones periodísticas que buscan vincular a mi persona con prácticas inadecuadas, con las que no comulgo, con todo énfasis y firmeza afirmo: Dichas acusaciones son falsas y carecen de sustento. No existe investigación alguna en la que yo esté involucrado. Reitero mi compromiso personal y el de mi grupo empresarial, para continuar luchando en contra de las inequidades ofensivas que existen en nuestro país y en el mundo. Tengo la frente en alto, soy orgullosamente sinaloense y como tal, rechazo y deploro cualquier estigma que nos denoste”.

POR DARÍO CELIS ESTRADA         

COLABORADOR         

@DARIOCELISE