Gobernadores de Morena y el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, solicitaron este jueves a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no limitar la figura de la prisión preventiva oficiosa, como lo exigió una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH). “La figura de la prisión preventiva oficiosa responde a una política de combate al crimen que permite garantizar una adecuada conducción del proceso penal y lograr el esclarecimiento de los hechos, proteger a las víctimas de los delitos, procurar que el responsable no quede impune, así como lograr que sean reparados los daños causados por el delito”, dice una carta firmada por 22 gobernadores morenistas y Batres. Destacaron que la SCJN pretende declarar como inconstitucional la prisión preventiva oficiosa de delitos de alto impacto, y en los que el Ministerio Público le pide a los jueces dictar la medida porque la implementación de otras medidas cautelares no garantiza la comparecencia del imputado, el desarrollo de la investigación y la protección de las víctimas. “Es necesario enfatizar que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son en efecto vinculantes; sin embargo, estas deben estar armonizadas y no transgredir el contenido de nuestra Constitución previo pronunciamiento de la propia Suprema Corte”, expresaron los gobernadores. En la carta también indicaron que al limitar la prisión preventiva se estaría afirmado que un tribunal internacional tendría el alcance de inaplicar una norma de rango constitucional, lo cual vulneraría a la propia Constitución. El pasado martes, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, mencionó en una conferencia de prensa que ministros de la SCJN tienen la intención de eliminar el precepto constitucional de la prisión preventiva oficiosa, que está en el artículo 19, y adelantó que al menos 22 gobernadores se iban a pronunciar sobre esto.   En mayo del año pasado, la SCJN anunció que definiría cómo participará el Poder Judicial en la ejecución de la sentencia de la CorteIDH que limita la prisión preventiva oficiosa y eliminar el arraigo preprocesal La Suprema Corte inició el expediente 3/2023, turnado al ministro Jorge Pardo Rebolledo, para acatar la sentencia por el caso “García Rodríguez y otro vs. México”, emitida por la CIDH. En dicha sentencia, el organismo internacional declaró que el Estado mexicano es responsable de diversas violaciones al debido proceso y a la libertad personal en contra de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortíz, acusados de haber asesinado en 2001 a la entonces regidora del municipio de Atizapán, Estado de México, María de los Ángeles Tamés. García y Alpízar fueron detenidos en 2002, después se les dictó el auto de formal prisión por los delitos de homicidio calificado y delincuencia organizada, y permanecieron en prisión preventiva por más de 17 años.  La CorteIDH, con sede en Costa Rica, instó al Estado mexicano a eliminar la figura del arraigo preprocesal y adecuar la prisión preventiva oficiosa para cumplir con las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Con información de LatinUs