Las detenciones arbitrarias y la tortura persisten en México como “una práctica generalizada”, aunque existen avances significativos en esta lucha en los últimos años, afirmó el Comité de Detenciones Arbitrarias de la ONU, que presentó un informe preliminar sobre el país. Esto a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha asegurado constantemente que estás prácticas han sido erradicadas durante su Gobierno, que inició en diciembre de 2018. “La detención arbitraria sigue siendo una práctica generalizada en México y con demasiada frecuencia es el catalizador de malos tratos, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones arbitrarias”, señaló en conferencia el grupo de expertos integrado por Matthew Gillett, Miriam Estrada-Castillo y Ganna Yudkivska. Los expertos, que cumplieron una visita oficial a México del 18 al 29 de septiembre, señalaron que las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y agencias estatales y municipales “están frecuentemente implicadas” en detenciones arbitrarias. Y estos cuerpos de seguridad “carecen de los controles civiles e independientes necesarios para garantizar la prevención y la rendición de cuentas”, añadieron. “En el problema generalizado de la detención arbitraria en México, la prisión preventiva obligatoria es frecuente en el país y se ha ampliado constitucionalmente para incluir en ella otros delitos, lo cual ha sido identificado como una violación a los derechos humanos”, expuso Estrada-Castillo.

Además, aseveraron que “es frecuente” el uso excesivo de la fuerza, desde el momento de la aprehensión hasta que los detenidos quedan a disposición ante una autoridad judicial. “En muchos casos, se infligen tortura y otras formas de malos tratos, incluida la tortura, para obtener confesiones y declaraciones incriminatorias”, apuntaron los expertos. Y señalaron que los retrasos entre el momento de la detención de una persona, su puesta a disposición ante el Ministerio Público y su posterior traslado a la autoridad judicial, “aumentan el riesgo de graves violaciones de derechos humanos durante este período crítico”. La detención de migrantes fue una preocupación del grupo. “México debe garantizar que la detención de migrantes sea el último recurso, por el menor tiempo posible, luego de una evaluación individualizada, en condiciones dignas y con acceso a asistencia legal”, advirtieron. Además, denunciaron que la detención arbitraria “afecta a una amplia gama de personas en México, con riesgos particulares para los grupos vulnerables, incluidos los pueblos indígenas, las personas con discapacidad, las personas LGBTI+, los adolescentes, las personas mayores y las personas que viven en la pobreza”. Los tres expertos visitaron Ciudad de México y los estados de Nuevo León y Chiapas, donde se reunieron con autoridades, jueces, comisiones de derechos humanos, representantes de la sociedad civil y otros actores interesados. La delegación visitó 15 lugares de privación de libertad, incluidas cárceles, comisarías de policía e instituciones para menores, migrantes y personas con discapacidad psicosocial, donde entrevistó a casi 200 personas detenidas. Horas antes, el presidente López Obrador defendió que su Gobierno no viola derechos humanos ante la visita del Comité de Detenciones Arbitrarias de la ONU. “Siempre hemos estado comprometidos a que no se cometan injusticias, en nuestro Gobierno no se permite tortura, no se permite la desaparición, no se permiten las masacres, no se permite la violación de derechos humanos”, afirmó el mandatario en su rueda de prensa matutina. Y añadió que su gobierno “no es represor, como los de antes” y por eso los organismos internacionales de derechos humanos “pueden actuar con absoluta libertad” y que, cuando hay recomendaciones, “se actúa de inmediato”. La visita ocurre mientras más de 88 mil personas permanecen en las cárceles mexicanas, y el 39 por ciento del total, carecen de una sentencia, según los Censos Nacionales de Sistemas Penitenciarios del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). El instituto reportó una sobresaturación en los centros penitenciarios locales, con 186 mil 755 reos, y centros especializados, con 6 mil 858, que en conjunto tienen una ocupación de 107 por ciento respecto a su capacidad oficial. El Grupo de Trabajo de la ONU dijo estar consciente de los grandes desafíos de México, “especialmente en el contexto del crimen organizado y los esfuerzos hechos por las autoridades en la materia”. Avisó que presentará su informe final al Consejo de Derechos Humanos en septiembre de 2024. -- Con información de López-Dóriga Digital