A pesar de que se identificó una disminución en los casos de violencia política en el periodo de enero a marzo de 2025, no significa que los 104 sucesos reportados sean una buena noticia, pues revela que hay menos cargos de elección popular en disputa y que persisten los esfuerzos de grupos criminales por hacerse de estructurales gubernamentales, detalló Carlos Rubio, subdirector de Integralia. Así, y entrando a detalle en el análisis de número de incidentes de violencia política en el país que realiza la consultora, Rubio señaló que más del 80 por ciento de los casos se presentan a nivel municipal, pues es la estructura de gobierno más débil y expuesta al crimen. Asimismo, aseveró que, a pesar de que en número de incidentes a nivel nacional se ha visto una disminución, la situación es preocupante para estados como Morelos y Veracruz que tienen 17 y 13 casos registrados, respectivamente. De igual manera, subrayó que la distribución por regiones es desigual, dado que el sureste del país concentra la mayor cantidad de casos en estados como Veracruz, Oaxaca y Puebla; mientras que el norte registra menos, prácticamente las entidades tienen entre 0 y 1 casos, aunque destaca que Baja California es foco rojo con 7 incidentes. Respecto al Bajío, Guanajuato es el estado con mayor número de situaciones de violencia política con 6 casos y, aunque pareciera que el resto de la región parece más tranquila, Rubio no dejó de hacer un llamado a las autoridades porque los grupos criminales podrían concentrar sus intereses en amenazas que podrían llevar a la acción en cualquier momento.

Únete a nuestro canal de WhatsApp para no perderte la información más importante 👉🏽 https://gmnet.vip/7Be3H

En este sentido, resaltó la urgencia de atender esta situación, especialmente por la impunidad que impera y que no hay un plan de acción para castigar y perseguir a los responsables. Por el contrario, condenó la narrativa que prevalece en gobiernos estatales y federales de negar el problema. Además de que no parece haber una estrategia concreta para garantizar la seguridad de candidatos.