Mientras Morena y el gobierno libran batallas decisivas en lo político, la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum prepara otro frente: un Paquete Anticorrupción para endurecer controles, cerrar fugas y castigar con mayor rigor la mala utilización de los recursos públicos.

El planteamiento es claro: si el país discute reglas y poder, el gobierno quiere exhibir que también discute —y aprieta— la corrupción donde más duele: en las compras públicas, las licitaciones y las adjudicaciones.

Los preceptos centrales se plasmaron en una serie de leyes que el gobierno denominó “Paquete Anticorrupción” y en una reingeniería administrativa, organizada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, de Raquel Buenrostro.

Todos los proyectos legislativos son revisados por la Consejería Jurídica de la Presidencia, a cargo de Esthela Damián Peralta, y prevén enviarlos al Congreso y empujarlos para que se voten en el periodo ordinario que concluye el 30 de abril.

El reloj manda: desde Palacio buscan que los nuevos candados operen antes de que el año electoral comience a contaminarlo todo.

La premura tiene una lógica: el gobierno es el mayor comprador del país. En 2025 se aprobó un presupuesto de 9.3 billones de pesos y para 2026 el monto disponible supera los 10 billones.

Con esas cifras, el erario no solo financia políticas públicas; también atrae a quienes creen que el Estado es caja chica. Y cuando el dinero circula a esa escala, la corrupción deja de ser anécdota: se vuelve sistema.

Buenrostro presume resultados para justificar el golpe de timón. En 2025, la Secretaría reportó acciones de prevención, reestructuración, fiscalización y combate a la impunidad con una recuperación de 73 mil millones de pesos.

Se menciona, por ejemplo, un “ahorro” de 23 mil millones en renegociaciones con proveedores de medicamentos de patente —al eliminar intermediarios—, y de 25 mil millones tras revisar contratos del Tren Maya. El mensaje es doble: “Sí había fuga” y “sí la podemos cerrar”.

La reforma, según el planteamiento, incluye 25 cambios legislativos: se reformarían 23 leyes y códigos, se abrogaría la legislación en materia de datos personales y se propondría una regulación “sin precedentes” en cabildeo.

En ese contexto, antes de que se conozcan los puntos y las comas de las leyes, el gobierno ya adelantó un decálogo. El objetivo era identificar al beneficiario final en compras públicas para frenar empresas fachada y simulación. También buscaba eliminar causales de reserva de información injustificadas y fortalecer la cultura de la denuncia. Además, quieren regular a los cabilderos para evitar la “captura” de decisiones. Finalmente, se buscaba tipificar el acoso y hostigamiento en el servicio público.

Todo suena muy bien. El reto está en lo de siempre: ejecución, independencia y consecuencias, porque un paquete anticorrupción no se mide por la cantidad de leyes, sino por el tamaño del miedo que le devuelve al corrupto.

Si esto se queda en discurso, será propaganda. Si toca intereses reales —contratos, intermediarios, redes y “beneficiarios finales”—, entonces sí: será la primera prueba de fuego del sexenio para demostrar que la austeridad no era cuento y que la impunidad, por fin, tiene fecha de caducidad.

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PASE LO QUE PASE y voten como voten, Palacio Nacional presiona a la Cámara de Diputados para que, a más tardar la próxima semana, se dictamine y se vote la reforma electoral.

La razón es que, en San Lázaro, los morenistas siguen alimentando la idea de que el proyecto presidencial “nació muerto”; sin embargo, no descartan que sus aliados del PT y el PVEM den su brazo a torcer a última hora y que el dictamen incluya la eliminación del fuero, como plantea el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar.

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Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “Mientras en San Lázaro preparan el funeral, en Palacio Nacional ya organizan el bautizo”.

POR ALFREDO GONZÁLEZ CASTRO 

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