El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y de la representación parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática presentaron una iniciativa de reforma a la Constitución Política del Estado de Guanajuato, en materia de reforma al Poder Judicial. En las consideraciones de la propuesta se señala que la modificación realizada a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma del Poder Judicial implica la democratización en la elección de los juzgadores, pues se establece un procedimiento de elección de ministras y ministros, magistradas y magistrados y jueces y juezas, a través del voto directo de la ciudadanía.  Se argumenta que la implementación de la reforma en las entidades federativas es la de mayor relevancia, pues es en los ámbitos locales es donde, en realidad, se llevan a cabo las actividades jurisdiccionales más cercanas a la ciudadanía.  En el texto, se precisa que el Poder Judicial estatal es el poder público encargado de la impartición de justicia, actividad necesaria al interior de toda sociedad, asegurando su coexistencia, permanencia y desarrollo, siempre bajo la perspectiva de brindar una justicia accesible y de vanguardia. Asimismo, se detallan algunos de los aspectos principales de la reforma judicial federal, entre ellos la reestructura del Poder Judicial, a través de la conformación de un Órgano de Administración Judicial y de un Tribunal de Disciplina Judicial; un nuevo mecanismo de elección y designación de las personas juzgadoras; los requisitos y prohibiciones para contender a dichos cargos, los periodos de duración en el mismo, evaluación al desempeño y las causales de remoción. En la iniciativa se puntualiza que se va a respetar lo contenido en la reforma a la Constitución Política federal, dentro de lo aplicable al ámbito estatal, respetando, en todo momento, los derechos laborales de quienes actualmente se desempeñan como juzgadores y de las demás personas que integran el Poder Judicial. Además, se profundiza en diversos aspectos de la propuesta como la incorporación, en el marco de los derechos de toda persona inculpada, la obligación de que el órgano jurisdiccional que conozca de la causa, al haberse vencido los plazos para que toda persona sea juzgada, en materia penal (cuatro meses en caso de delito con pena privativa máxima de dos años, y un año para delitos con pena de prisión que exceda de dos años), dé aviso inmediato al Tribunal de Disciplina Judicial del Estado, con la respectiva justificación en la demora. Se agrega que se establece como facultad del Congreso tanto la realización de las propuestas de las personas que habrán de participar en la elección para magistradas, magistrados, juezas y jueces, así como la correspondiente a otorgar o negar las solicitudes de licencia por más de seis meses, o bien, de las renuncias. Finalmente, se añade que se propone la creación de un Tribunal específico a cargo de la disciplina judicial; se incorpora la figura de la Comisión Unitaria del Tribunal de Disciplina Judicial como sustanciadora y resolutora; se mantiene el esquema de evaluación al desempeño; se establece que el organismo público electoral local otorgará las constancias de mayoría y declarará la validez de integrantes del Poder Judicial; entre otros aspectos.  

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