El proceso para designar al próximo fiscal anticorrupción de Querétaro encendió nuevamente el debate político en la entidad, luego de que Erick Silva criticara que el Ejecutivo estatal mantenga el control sobre la integración de la terna para ocupar el cargo, al considerar que ello representa un “mega conflicto de intereses”. Durante una entrevista para WRadio, Silva sostuvo que no existe credibilidad en un modelo donde el gobernador proponga a la persona encargada de investigar posibles actos de corrupción cometidos por el propio gobierno estatal. “Yo no veo una credibilidad o que sea fidedigno que nosotros podamos elegir un representante de la Fiscalía Anticorrupción si quien lo manda es el gobernador. El mayor conflicto de intereses es que el gobernador ponga a la persona que debe juzgarlo el día de mañana”, afirmó. El diputado señaló que la designación debe regresar a manos de la Legislatura local y realizarse mediante un concurso abierto, con evaluación de perfiles y vigilancia ciudadana, para garantizar autonomía en la Fiscalía Anticorrupción. Explicó que el titular de este organismo tiene la responsabilidad de investigar presuntas irregularidades en obras públicas y manejo de recursos estatales, por lo que consideró indispensable que no exista cercanía con grupos de poder o intereses partidistas. Entre los casos que mencionó para ejemplificar la necesidad de una fiscalía independiente se encuentran las obras de Paseo 5 de Febrero, el funcionamiento del cárcamo pluvial y el destino de recursos públicos vinculados al empréstito estatal por 3 mil 300 millones de pesos. “Hay una enorme cantidad de dinero que ha quedado en el olvido y no sabemos a dónde fue a parar. Esa persona será la encargada de darle trámite a las denuncias ciudadanas por posibles malos manejos del recurso público”, señaló. Silva acusó que, de mantenerse el actual mecanismo de designación, se correría el riesgo de imponer un “fiscal carnal” que no investigue a fondo posibles actos de corrupción en el gobierno estatal. Asimismo, recordó que anteriormente el fiscal anticorrupción era elegido mediante un procedimiento desarrollado en el Congreso local, pero aseguró que antes de la actual legislatura se modificó la ley para otorgar al gobernador la facultad de enviar la terna. “Se me haría muy incongruente que hoy avalaran la terna del gobernador quienes antes criticaron ese mecanismo”, expresó. Ante ello, adelantó que buscarán impulsar modificaciones constitucionales para eliminar dicha disposición y devolver al Poder Legislativo la atribución de elegir al fiscal anticorrupción mediante un proceso “honesto, transparente y abierto a la ciudadanía”. Finalmente, minimizó la posibilidad de que la Fiscalía Anticorrupción permanezca algunas semanas sin titular mientras se desarrolla un nuevo procedimiento de selección, al considerar que lo prioritario es garantizar legitimidad y autonomía en el nombramiento. “Vale más tomarse dos meses y hacer las cosas bien, que nombrar a alguien que no vaya a investigar nada”, concluyó.