Su dinero y el mío -unos tres mil millones de pesos de dinero público- se irán a “rescatar” una empresa privada que, por malos manejos, quebró. Ahí vamos, de nuevo, usted y yo, a pagar la ineficiencia. Su dinero y el mío, unos tres mil millones de pesos de dinero público, se irán a “rescatar” una empresa privada que, por torpezas y malos manejos, quebró. El objetivo era noble: llevar internet a todo el país, sobre todo a zonas marginadas, pero la administración y operación fue desastrosa. Ahora usted y yo vamos a pagar los errores de otros. Dinero de todos que se necesita en salud, educación o seguridad, va a ser utilizado para “salvar” un cúmulo de yerros. ¿Y ahí termina el problema? No. Ojalá. Quizá ahí empiece uno peor. El gobierno tomará el control de la empresa, y está película ya la hemos visto: los gobiernos son muy malos administradores. A través de los consejos de administración de Banobras, Bancomext y Nafinsa, que aprobaron inyectarle cerca de 150 millones de dólares, la operación y control de Altán Redes pasarán totalmente al gobierno. Mientras, usted y yo seguimos pagando y manteniendo los caprichos de quienes hacen lo que quieren con el dinero que no es suyo, que es de los contribuyentes. Lo que mal empieza, mal acaba. La Red Compartida que se creó con la Reforma de Telecomunicaciones en 2013 y es operada por Altán Redes ha derivado en una cadena de errores. Todas las advertencias que se lanzaron desde entonces han probado ser ciertas. La empresa que nació a la sombra del gobierno de Felipe Calderón, y fue impulsada desde su inicio por el entonces titular de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, Mony de Swann, que decidió pagar 100 millones de pesos para que la consultora Mckinsey propusiera crear una red abierta que llevara internet a las regiones más pobres, se ha convertido en un rotundo fracaso. Juan Molinar Horcasitas, ex secretario de Comunicaciones y Transportes, y de Swann, impulsaron que se incorporara la red compartida en el marco jurídico de la reforma de Telecomunicaciones. Así nació. Altán Redes registro pérdidas desde un principio, sin cumplir lo proyectado. El plan de negocios no funcionó, no fue atractiva la red compartida para las empresas de telefonía privadas. Altán no logró vender sus servicios con eficacia. Las deudas se volvieron impagables. Hoy, debe casi 30 mil millones de pesos a 119 empresas. A estas alturas debería tener una cobertura poblacional del 92%, pero registra menos del 3%. Ahora Altán Redes se declaró en quiebra y quiere que el actual gobierno lo rescate con nuestros impuestos. A las cosas hay que llamarlas por su nombre. Cuando hay un abuso, cuando hay ineficiencia, cuando se roban el dinero o lo desvían, cuando se mal gasta y mal administra, hay que decirlo así. Señalar lo injusto que resulta que el dinero de los contribuyentes se destine discrecionalmente a “salvar” los fracasos de otros, no es más que hablar con la verdad. Que unos tres mil millones de pesos de dinero público, se vayan a “rescatar” una empresa privada que, por malos manejos, quebró, es un abuso. Trabajar y pagar impuestos para que el dinero se dilapide es todo menos buena idea. ¿Qué tendría que hacerse? Dar espacio a la libre competencia entre empresas. Solo así los usuarios podrán obtener mejores servicios y beneficios, a precios más competitivos. POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN

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