En el marco de la elección judicial a la que vamos, un eje debería ser fundamental: la perspectiva de género y protección de las infancias. Si la justicia quiere serlo, debe estar cerca de las víctimas. Si el sistema de impartición de la misma quiere cambiar para bien, se necesita un volantazo.

Ejemplos de pendientes, hay muchos. Botones de muestra, también. Tomemos uno de tantos.

Según una solicitud de información pública, entre 2022 y 2024 el Tribunal Superior de Justicia de la CDMX no sabe —ni puede saber— cuántas mujeres han denunciado violencia familiar, cuántas recibieron sentencias favorables, cuántas fueron protegidas con medidas de protección en materia civil o cuántos agresores fueron condenados. La justicia, literalmente, opera a ciegas.

La Dirección de Estadística del TSJCDMX lo admite: no cuenta con información desagregada. Los datos están dispersos, agregados y sin orden útil. No hay registros nominales, ni sistematización de sentencias, ni distinción clara entre actoras, demandadas, reconvinientes, tipo de violencia o sentido de las resoluciones. No se puede saber, por ejemplo, cuántas mujeres lograron la guarda y custodia de sus hijos, cuántas obtuvieron pensión alimenticia, ni cuántas veces las medidas de protección fueron concedidas o negadas.

Tampoco hay forma de conocer si las sentencias fueron dictadas con perspectiva de género, si se protegió el interés superior de niñas y niños, o si las resoluciones se ajustaron a los criterios de la SCJN.

Si no se registra, no se mide y no puede mejorarse. Hay una deuda enorme pendiente.

A esta crisis de información se suma otra igual de alarmante: la falta de capacitación de las personas juzgadoras. El Tribunal admite no tener información sobre si jueces, juezas o secretarías de acuerdos están formados en materia de género, derechos de la infancia o violencia familiar. Se desconoce su preparación, su actualización o su criterio especializado para resolver casos donde hay vidas en riesgo.

En medio de este panorama, el país está en pleno proceso para designar nuevas personas juzgadoras. Y la pregunta es inevitable: ¿de qué servirá renovar nombres si el sistema no cambia? El problema no es sólo quién juzga, sino cómo se juzga. Y en México, aún hoy, no existe ninguna evaluación pública ni interna sobre el actuar de jueces y juezas. No hay revisión de sentencias, ni registros confiables, ni filtros para impedir que quienes han actuado con parcialidad o negligencia sigan dictando resoluciones. Eso debe cambiar con la elección judicial.

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-OFF THE RECORD

El caso del juez Eduardo Rafael del Moral Rincón es prueba de ello. Diversas notas periodísticas han documentado que en su haber existen carpetas de investigación abiertas ante la Fiscalía General de Justicia de la CDMX por el delito de prevaricación. Está acusado de haber dictado resoluciones injustas, a sabiendas, en juicios relacionados con guarda, custodia y pensión alimenticia. A pesar de esto, sigue en funciones como juez interino del Juzgado Décimo Noveno Familiar. No ha sido separado de su cargo, ni inhabilitado, porque el sistema no tiene cómo responder ante estos casos, ni siquiera detectarlos a tiempo. Para que el sistema judicial cambie, hay que ir al fondo. Lo demás, sería sólo cosmético.

POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN   

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