Ayer siete de los 20 principales trending topics de Twitter en México tenían relación con el abuso no sólo de poder, sino de la ilegalidad cometida por el presidente en contra de un periodista, es decir de un ciudadano. Lo celebro. Y no porque se trate de un presidente por el que no voté, decisión cuyo acierto confirmo –¡ay!– cada día. Y no porque el periodista tenga mi admiración y mi amistad. Podría el presidente en cuestión ser uno que hubiera tenido mi voto, y el periodista de marras, uno cuyo trabajo me resultara objetable y con el que no tuviera vínculo personal: lo que celebro es la defensa colectiva –coral y encendida– de la Ley. No extraña que México haya votado por aplastante mayoría a López Obrador (con 53 por ciento de los sufragios) ni que Turquía se haya decantado con márgenes similares por Erdogan (con más de 51), Hungría por Orbán (con más de 52), o, sí, Venezuela por Maduro (con más de 50). (Omito de la lista al estadounidense Trump y al indio Modi ya sólo porque en los sistemas electorales de sus países la victoria no tiene relación directa con el voto popular).  Acaecidos entre 2013 y 2019, los triunfos de esos candidatos coinciden en el tiempo con el auge de las redes sociales –Facebook y Twitter fueron lanzadas en 2006–, ésas que dieran una sensación de empoderamiento a gruesas capas de la sociedad al permitir su liberación de lo que Alessandro Baricco –en su ensayo de 2018 The Game– llamara “los sacerdotes”: las elites y sus instituciones, una de las cuales –por fuerza y desde la Roma antigua– ha de ser el Derecho. El mundo de posrevolución digital nos vende la idea de que podemos ajustar cuentas por propia mano, sin recurso a esa tercera instancia que, en su narrativa, nos restaría agencia: ¿para qué atenernos al debido proceso si, de un tuitazo, podemos exhibir el agravio, construirle masa crítica, obtener una privación de la libertad (de acción: la llamada cancelación) y una reparación del daño (el desprestigio) más expeditas que cualquier cosa que suceda en tribunales? 

Que hoy mentes jurídicas progresistas –las he citado en otras entregas– propugnen por esa solución ante la presunta irredimibilidad de los sistemas de justicia habla de lo arraigada que está (y lo legítima que resulta) la paralegalidad en las sociedades contemporáneas. En su intento por vengarse de un periodista, un presidente ha violado la Ley, y eso nos indigna. Bien está, aunque no dejo de identificar la ironía subyacente: esa indignación se manifiesta –otra vez– por vías que nada tienen que ver con el Derecho… y en un contexto en que el órgano autónomo de defensa de los derechos humanos está secuestrado por el Ejecutivo y el valeroso órgano de protección de datos personales gravemente amenazado.  El episodio amerita reflexión. Hoy, y de aquí al 2024. 

POR NICOLÁS ALVARADO

IG: @nicolasalvaradolector