El grupo parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano presentó un punto de acuerdo para exhortar a los 46 municipios del estado de Guanajuato para que realicen un análisis partiendo de la economía de la ciudadanía, verificando los impactos económicos que se tendrían con un aumento a las tarifas del transporte público. De igual manera, para que en un plazo no mayor a 90 días les informen sobre la adecuación y expedición de los reglamentos y demás disposiciones para su cumplimiento, en materia de armonización con la reciente reforma a la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus municipios.  Al hacer uso de la tribuna para exponer las consideraciones de la propuesta, el diputado Rodrigo González Zaragoza habló sobre la instalación de las comisiones mixtas tarifarias que se está haciendo en distintos municipios para analizar posibles incrementos a las tarifas de transporte público, y dijo que en varios ya se ha aprobado un aumento que está lejos de representar una mejora en la economía de la población. El legislador cuestionó los sustentos bajo los cuales se están llevando a cabo esas modificaciones, los cuales consideró se basan en decisiones opacas, discrecionales y profundamente regresivas que afectan desproporcionalmente a las personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad o discriminación. González Zaragoza remarcó que era inaceptable que en lugar de fortalecer un sistema de transporte público accesible y eficiente se prioricen intereses que no reflejan las necesidades de la ciudadanía, y recordó que garantizar un servicio de transporte público de calidad y digno no es solo una aspiración, sino que constituye una obligación conforme a las leyes locales, nacionales e internacionales. Mencionó que los recientes incrementos tarifarios no sólo contradicen las disposiciones constitucionales y convencionales, sino que también evidencian la falta de una visión integral que priorice los derechos humanos y el bienestar de la ciudadanía más vulnerable.   El congresista agregó que el sistema de transporte público lejos de cumplir con los estándares de calidad y accesibilidad enfrenta una serie de problemáticas como tiempos de espera prolongados, saturación de las unidades, personas conductoras poco capacitadas, unidades en estado precario y exclusión de personas con alguna discapacidad. Finalmente, subrayó que no se puede justificar un incremento cuando el servicio no mejora, y que era urgente atender la problemática del transporte público desde una perspectiva integral.  

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