Hace ya 15 años la congestión vehicular comenzó a ser un problema urbano, sobre todo por sus impactos ambientales y económicos ¿Cómo se ha respondido?

El tiempo que dedicamos a los traslados aumentó drásticamente a partir del año 2010, pasamos de ser la ciudad de 15 minutos a registrar un promedio de 50 minutos en un trayecto, ¡más del doble! en algunos casos se duplica, por ejemplo, en el trayecto de la zona poniente al eje 140. El tiempo aumenta aún más cuando se realiza una manifestación o cuando llueve ¿Por qué aumenta el tiempo?

Definitivamente que el aumento en el parque vehicular a observado un crecimiento sin precedente, entre el año 2010 y 2025, pasamos de un promedio de ocupación de 3 personas por auto a una persona por auto, la tasa de crecimiento de los automóviles es casi el triple que la población. Este parque continuará aumentando a una tasa promedio anual de 8% para llegar alrededor de 1.3 millones de autos registrados en la zona metropolitana. Estos autos requerirán más de 1,600 has de suelo únicamente para estacionamiento y por supuesto más vialidades.

Si bien se ha avanzado en disponer de un sistema de transporte masivo tipo BRT (autobuses de tránsito rápido) como alternativa para reducir el uso del automóvil, aún hace falta mejorar la calidad, la cobertura y, sobre todo, diseñar un sistema integral de movilidad que incluya tecnologías de la información para pagar, dar seguimiento a las rutas todas las formas de movilidad pública, hasta las plataformas como Uber.

Más allá del BRT, no nos hemos movido para realizar acciones concretas que mejoren los trayectos, fue más fácil modificar la constitución nacional, que el congreso del Estado autorizara una Ley de Movilidad, la cual lleva cuatro legislaturas. El Programa Integral de Movilidad Sustentable elaborado en 2013, no se actualizó o incluso publicó, lo cual lo deja en un buen estudio; sin embargo, requerimos un nuevo programa adecuado a la dinámica actual.

Ahora que la movilidad es un derecho constitucional y que se enfoca a la seguridad vial, justamente las menores acciones de mejora provienen de las autoridades municipales, incluso muchas acciones son, en “sentido contrario”, buscando que la gente se mueva más lento; por ejemplo, colocando topes, reductores de velocidad y semáforos en vialidades rápidas; realizando obras de pavimentación lentas que obstaculizan el tránsito continuo, o bien, en calles que se cambia el adoquín por asfalto, después se colocan topes, para que la gente circule más lento. Hace falta un ordenamiento vial, incluso a nivel de reingeniería. Después de 4 años que se ubicaron ciclo vías en Av. Carranza e Himno Nacional que no se justificaron con estudios, aún no existe acciones para intervenirlas en condiciones de seguridad, lo cual no implica por supuesto, pasar la ciclo vía por el centro en Avenida Carranza.

Cada minuto adicional en un trayecto, lo paga cada persona. De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad, la congestión vehicular en la Zona Metropolitana de San Luis Potosí equivale a 1,101 millones de pesos al año, simplemente en la zona industrial se pierden 7.5 millones de pesos por día; el Índice de Movilidad Urbana coloca a la ciudad en el lugar número 13 de 20, con un nivel medio bajo ¿quién es responsable de estos costos?

El reto en nuestra ciudad es disminuir el tiempo de traslado a partir de generar un reordenamiento vial que permita trayectos continuos, más equilibrados, disminuyendo presión en Salvador Nava, Rio Santiago y por supuesto Carretera 57; las vías alternas no sólo se construyen, se pueden generar recuperando espacio de tránsito y ajustando los sentidos viales. También es necesario integrar un sistema de movilidad mediante las tecnologías de la información, diversificar el presupuesto público (ya que ocho de cada 10 pesos que se invierte en movilidad son para vialidades); y generar infraestructura para otras alternativas de movilidad.

El Congreso del Estado debería de trabajar de forma permanente en generar las condiciones normativas e institucionales para garantizar el derecho a la movilidad, en condiciones de seguridad, como establece la constitución.

Es necesario comenzar a movernos mediante acciones que nos permitan recuperar nuestros tiempos de traslado.