Treinta y cuatro horas con cincuenta minutos: eso duró el retorno de Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa. Tras ciento doce días de licencia, el viernes volvió al Palacio de Gobierno. El sábado pidió otra licencia. ¿Qué pasó en esas menos de 35 horas que no pasó en los más de 100 días previos?

No apareció una prueba decisiva ni concluyó ninguna investigación. Pero abundan las especulaciones sobre la carta de Andy López Beltrán tras la revocación de su visa; el aparente acuerdo de cooperación de Gerardo Mérida con Estados Unidos; la detención de Fausto Corrales en la CDMX. ¿López Obrador estuvo detrás? ¿Rocha se fue por la libre? ¿Fue un enfrentamiento? ¿Un error?

Por ahora no contamos con los elementos para despejar esas incógnitas. Lo que sí sabemos es que Rocha reasumió intempestivamente el cargo y con eso cambió la naturaleza del problema. Mientras tuvo licencia, el oficialismo pudo administrar las acusaciones, la indefinición y el desgaste sin decidir qué hacer con él. Comprar tiempo. Su regreso, sin embargo, convirtió un caso comprometedor aunque manejable para Morena en una provocación inadmisible.

En Sinaloa, la maquinaria empezó a acomodarse: los morenistas del Congreso estatal lo respaldaron; el gabinete se puso a sus órdenes; los magistrados acudieron a su despacho a darle la bienvenida; varios alcaldes y aspirantes a sucederlo también cerraron filas con él. Cada acto alimentaba la percepción de que Rocha podía desafiar la línea nacional, movilizar apoyos locales y sobrevivir políticamente.

Presidenta, gobierno, partido, bancadas y gobernadores fueron marcando distancia in crescendo. La presión acumulada surtió efecto. Anunciada la segunda licencia, Monreal reconoció que, de haberse quedado Rocha, el Congreso habría intervenido. Tenía opciones: desafuero, juicio político y, en el extremo, desaparición de poderes.

Pero llegar hasta allá hubiera tenido consecuencias graves al interior de la coalición gobernante. Un procedimiento formal implicaba demostrar públicamente que Morena está dispuesta a usar su poder contra uno de los suyos. A romper ese pegamento estabilizador que -Ernesto López Portillo dixit- es el pacto de impunidad. Que Rocha volviera a pedir licencia zanjó la crisis a un costo menos oneroso: de una “decisión personal” a otra.

Durante meses, el oficialismo pudo aguantar las sospechas de encubrimiento, la tensión con Estados Unidos y atrincherarse en la negación. Lo que no pudo tolerar ni dos días fue que alguien rompiera la disciplina colectiva y pareciera salirse con la suya. El desprestigio se va capoteando; a la insubordinación se responde de inmediato.

Con la segunda licencia se restableció el orden sin esclarecer responsabilidades ni sentar precedentes potencialmente autodestructivos. En meses no se aclaró el caso Rocha; en horas se derrotó su desafío.

La rendición de cuentas sigue pendiente; la disciplina, vigente.

POR CARLOS BRAVO REGIDOR

COLABORADOR

@carlosbravoreg