El proyecto Monterrey VI sigue sin un impulso que logre ponerlo en marcha, pero si esto sucede inmediatamente se promoverán amparos que obliguen a realizar estudios ambientales que finalmente deriven en la detención del mismo, declaró en entrevista para ALTAVOX Fernando Díaz Barriga, integrante del grupo universitario del agua de la UASLP. “Nadie quiere realizar el proyecto de una manera clara porque en el momento en el que se haga evidente van a entrar los procedimientos legales, los amparos y esto va a terminar en la realización de un nuevo estudio de impacto ambiental que en tres segundos va a demostrar que el proyecto ya no va”. En ese sentido, para el investigador este proyecto está destinado a satisfacer compromisos meramente electorales entre la Presidencia de la República y el Gobierno de Nuevo León encabezado por Samuel García Sepúlveda. Por ello, Díaz Barriga insistió en que aunque haya un decreto presidencial, se presentarán los recursos para evitarlo, pues también se podrían basar en el derecho humano al medio ambiente sano y sostenible. “En el primer segundo en el que haya una declaratoria oficial, aunque sea un decreto presidencial a favor de Monterrey VI, nos ampararemos ante la Suprema Corte de justicia de la nación con base en un dictamen que en la misma corte dio sobre que cualquier ciudadano mexicano puede asumirse protector de la naturaleza con base al derecho humano al medio ambiente sano y sostenible”.