En una decisión a favor de los socios conductores y los usuarios registrados en la plataforma de Uber en San Luis Potosí, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio razón a la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado que presentó una acción de inconstitucionalidad contra la la Ley de Transporte Público del Estado de San Luis Potosí. Con esta decisión, la Corte sienta un precedente con el cual queda claro que leyes restrictivas como la aprobada por la legislatura local de San Luis Potosí atentan contra los derechos económicos de las personas y contra la movilidad en general. La ministra Lenia Batres señaló como “arbitrarias e injustificadas” diversas exigencias de la ley, entre ellas el elevado valor monetario que se exige a los vehículos que usan las plataformas, así como la antigüedad máxima de 5 años de dichos vehículos. Asimismo, el ninistro Luis María Aguilar calificó como “excesivas” las multas propuestas por la ley en caso de infracción. Por su parte, la Ministra Yasmín Esquivel, hizo hincapié en que la prohibición de pagos en efectivo de viajes realizados a través de plataformas como Uber restringen el acceso a sectores mayoritarios de la población que no cuentan con métodos de pago como tarjetas de crédito.