La aplicación de diversas medidas en favor de los soñadores ha sido sujeto de demandas y contrademandas judiciales en tribunales federales Un nuevo y apresurado intento por lograr la aprobación de una ley para buscar la legalización de casi dos millones de soñadores en lo que queda de 2022 parece condenado al fracaso en el Congreso estadounidense, aunque también parece algo promisorio. La propuesta de los senadores Kyrsten Sinema, demócrata de Arizona, y Thom Tillis, republicano de Carolina del Norte, implica un literal intercambio de 25 mil millones de dólares para reforzar la seguridad fronteriza a cambio de abrir una puerta a la ciudadanía para unos dos millones de Dreamers (soñadores), inmigrantes indocumentados que fueron llevados a Estados Unidos por sus padres y se criaron en ese país. La esperanza de una rápida aprobación va mucho contra corriente, toda vez que a partir del 3 de enero los republicanos ocuparán la mayoría en la Cámara de Representantes y, a lo largo de los últimos 10 años, se han opuesto de forma tan sistemática a varios intentos para convertir en ley lo que es un programa instaurado por orden presidencial en 2012. El Congreso tiene menos de 20 días para la aprobación de la propuesta en el Senado y su compaginación con una versión de la Cámara baja. En términos parlamentarios sería una auténtica hazaña.  Más complicado aún, la aplicación de diversas medidas en favor de los soñadores ha sido sujeto de demandas y contrademandas judiciales en tribunales federales de diversas partes del país.  Pero aunque parezca contradictorio, al mismo tiempo abre una posibilidad, tan remota como se quiera, de que una propuesta que ofrece algo a los dos lados tenga oportunidad de ser negociada en el siguiente Congreso, pese a las actuales negativas en ese sentido. La actual división en el Partido Republicano, que se refleja en un desacuerdo ideológico respecto a su opción para presidente (Speaker) de la Cámara, podría favorecer eventualmente a los partidarios del DACA, aunque lo cierto es que los republicanos usan propuestas de políticas antimigrantes "duras" para acercarse a sus militantes. En ese sentido, la idea de ofrecer una buena parte de lo que demandan los republicanos "duros" a cambio de su no-oposición a abrir la puerta a los soñadores parece razonable, aunque no hay garantía de que así parezca a los más extremistas. La oferta es por 25 mil millones de dólares para ampliar la seguridad fronteriza, tanto física como con aumentos salariales a los agentes migratorios y aduanales, y acompaña la ampliación por un año más del llamado Título 42, instaurado por el gobierno del expresidente Donald Trump durante la pandemia de COVID-19, que permite a las autoridades restringir el asilo a quienes crucen la frontera por "razones sanitarias". Hay decenas, por no decir cientos de miles, de Dreamers de origen mexicano.  Algunos, o muchos de ellos debieron dejar Estados Unidos y residen aquí, donde pese a la retórica oficial ningún gobierno ha hecho esfuerzos reales para ayudarlos. POR JOSÉ CARREÑO FIGUERAS

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