El diputado Antonio Chaurand Sorzano, integrante del grupo parlamentario de MORENA, presentó un punto de acuerdo para exhortar al gobierno del Estado de Guanajuato, así como a la Secretaría de Derechos Humanos, para que elaboren políticas integrales que protejan y garanticen los derechos humanos de los migrantes guanajuatenses, así como fortalecer los programas de apoyo y asesoría legal y servicios comunitarios dirigidos a los migrantes guanajuatenses en el extranjero; y para que establezcan mecanismos efectivos de reintegración económica, social y emocional para quienes sean deportados, mediante acciones como la creación de oportunidades de empleo, acceso a educación, atención psicológica y programas que faciliten su reinserción en la sociedad. Al hacer uso de la voz, el congresista expresó que Guanajuato es una de las entidades con mayor población migrante y que tiene una estrecha relación con los Estados Unidos, debido a que, de acuerdo con datos del INEGI, 93 de cada 100 guanajuatenses que deciden emigrar eligen como destino al país vecino del norte, lo que representa alrededor de 1.2 millones de guanajuatenses que residen en Estados Unidos en condición migratoria irregular. El legislador indicó que la migración tiene un impacto económico directo en el estado, principalmente a través del envío de remesas, toda vez que, en 2024, la entidad ocupó el primer lugar a nivel nacional al recibir 4 mil 191 millones de dólares en remesas, lo que representó una dependencia económica del 8.7%, siendo los municipios de León, Dolores Hidalgo, Celaya e Irapuato los que más se beneficiaron de estos recursos al ser los principales receptores. “La migración entre Guanajuato y los Estados Unidos se posiciona como un factor clave en la dinámica económica y social del estado, moldeando tanto las condiciones de vida de las familias que dependen de las remesas como los patrones demográficos y culturales, reflejando la importancia de este fenómeno para la población local”, dijo. Asimismo, Chaurand Sorzano precisó que es fundamental que el gobierno estatal desarrolle políticas integrales que protejan y garanticen los derechos humanos de los migrantes guanajuatenses, tanto de aquellos que residen en los Estados Unidos como de quienes puedan ser retornados, tomando en cuenta las recientes amenazas de la administración entrante de implementar deportaciones masivas que representan un riesgo significativo. “Es prioritario establecer mecanismos efectivos de reintegración económica, social y emocional para quienes sean deportados, mediante acciones como la creación de oportunidades de empleo, acceso a educación, atención psicológica y programas que faciliten su reinserción en la sociedad guanajuatense”, finalizó. Únete a nuestro canal de WhatsApp para no perderte la información más importante 👉🏽 https://gmnet.vip/7Be3H El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Atención al Migrante para su estudio y dictamen.