La presión estadounidense sobre el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se incrementó el fin de semana cuando el diario The New York Times reveló que al menos diez funcionarios mexicanos habrían hecho contacto con la Agencia Antidrogas (DEA) estadounidense para discutir el intercambio de información sobre otros políticos

La repentina oleada de cooperación se debe en parte a una iniciativa de la Administración para el Control de Drogas (DEA) para contactar en privado a funcionarios mexicanos "con la esperanza de persuadirlos para dialogar".

Entre ellos, de acuerdo con reportes previos, estarían los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, y Tamaulipas, Américo Villarreal, que por su parte han cuestionado la veracidad de las informaciones.

Pero esos reportajes no se produjeron en un vacío. Hace ya más de dos meses que las autoridades estadounidenses pidieron el arresto para extradición de una decena de funcionarios del gobierno estatal de Sinaloa, incluso el gobernador Rubén Rocha, ahora con licencia, y el senador Enrique Inzunza. Al menos uno de los presuntos implicados ya está en Estados Unidos por decisión propia.

La revelación es una nueva "vuelta de tuerca" en el marco de la política del gobierno del presidente Donald Trump estadounidense de presionar, medir reacción y volver a presionar.

En el caso de México, Trump ha usado sobre todo presión económica a través de aranceles comerciales, la posibilidad de intervención armada y la declaración de que los carteles del narcotráfico son organizaciones terroristas, y ahora una formulación política que aprovecha un historial de investigaciones sobre complicidades entre funcionarios y delincuentes, tanto las abiertas desde 1985 como las desarrolladas en los últimos años, para tratar de obligar al gobierno mexicano a aceptar sus demandas.

La relación puede ser y es buena y hay señalamientos sobre los beneficios de la cooperación, pero para Trump y lo que algunos llaman la "Doctrina Donroe", en recuerdo de la Doctrina Monroe, eso puede no ser suficiente, sino que debe estar acompañada de gestos verificables en temas que importan al gobierno estadounidense: apoyo o ayuda significativa en migración, seguridad, narcotráfico, algunas posturas internacionales y concesiones comerciales, a cambio quizá de pasar por alto lo que Trump y los suyos consideran como excesivas "subvenciones" –léase superávit comerciales– o reducir tarifas que de entrada pueden ser deliberadamente altas.

La posibilidad de ataques militares a narcotraficantes en territorio mexicano no está descartada, pero hay una opinión mayoritaria adversa incluso dentro del gobierno estadounidense, pero eso no implica menor fuerza en la demanda de mayor cooperación de seguridad.

Pero el hecho es que el gobierno estadounidense cree que los posibles vínculos entre funcionarios y delincuentes en México son o pueden ser un punto débil en su propia política de seguridad nacional, dada la enorme relación entre los dos países fronterizos.