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La mayoría de acusaciones son realizadas en contra de docentes masculinos
01:50 jueves 30 octubre, 2025
San Luis
La secretaria general de la sección 52 de la SNTE, Elizabeth Bibiana Guerrero, reportó más de 300 casos de denuncias infundadas en contra de personal docente en la sección 26, además de dos en la sección 52 donde ella se desempeña.
Guerreo declaró que la mayoría de acusaciones son realizadas en contra de docentes masculinos, quienes tras ser denunciados en el calor de la molestia por los padres de familia eran retirados de sus puestos y privados de un salario, mientras que los denunciantes dejaban de dar seguimiento a los casos, dejando a los maestros imposibilitados de realizar sus funciones de manera indefinida.
La secretaria recalcó: “Con esto no quiero decir que no se protejan a los niños, sino que se deben defender los derechos de todos los involucrados en el sistema educativo”.
La funcionaria expresó que desde julio del presente año se habría presentado una iniciativa de ley ante el Congreso del Estado, la cual buscaba otorgar la capacidad de interponer una presunción de inocencia por parte de aquellos señalados como supuestos agresores, permitiendo una legítima defensa ante las acusaciones falsas o malinterpretadas, en donde llegaban a denunciarse casos de agresión por maestros que habían tenido contacto físico con los alumnos o un alza en su tono de voz en un intento por buscar el cumplimiento de indicaciones.
Así mismo, manifestó que el libre acceso a las redes sociales propiciaba las denuncias sin fundamentos que afectaban de manera directa la reputación de los docentes, imposibilitándolos de ejercer su profesión en otros planteles tras ser destituidos de sus cargos.
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Destacó que las legislaciones actuales no ofrecen una protección al profesorado, pues los comités de seguridad establecidos dentro de todas las instituciones cumplían una función meramente administrativa que no brindaba una verdadera protección a ninguno de los miembros, mientras que la ley permitía la rectificación de denuncias que inculpaban a los acusados incluso tras la presentación de evidencias absolutorias, favoreciendo las denuncias que las defensas y dejando a los docentes en una posición de vulnerabilidad.