El autotransporte vive una profunda crisis. A la inseguridad, que ha vuelto intransitables no pocas carreteras del país, hay que sumar la mafia que se ha empoderado, extorsiona, amaga y presiona para doblar instituciones y funcionarios que no se acomodan a intereses y contubernios bien aceitados. Entre los múltiples retos que el sector enfrenta, la próxima Secretaría de Infraestructura, Comunicación y Transportes se encontrará con un autotransporte sumido en oscuras prácticas por parte de líderes con antecedentes cuestionables y empresarios coludidos que constituyen redes que disfrazan prácticas monopólicas. Más aún, ese contubernio busca arrinconar a funcionarios públicos que no se alinean a sus intereses. Un ejemplo sería el caso de Olaf Bretón López y Rafael Ortiz Pacheco. Bretón diseñó y constituyó una red compuesta por al menos 14 empresas. Todas, S.A de C.V: Grúas JJOM de Veracruz; Grupo Industrial HL de Libres; Coorporativo de Grúas Xalapa; Grúas Vista; Grúas Martínez de la Torre; Grúas Cantona; Grúas Tzitlán; Grúas Bermúdez; Grúas Saúl de Perote; Grúas Industriales HL; Tractopartes Usadas BL de Libres; Grúas Bretón de Libres; Grúas Mexicanos de Teziutlán; Bremex Grúas; y Fabricados de Libres. Él aparece como accionista en varias (también sus hermanos). La multiplicidad de razones sociales no es casualidad. Se trata de un diseño quirúrgico para ganar licitaciones, contratos, permisos gubernamentales y enrolamientos de tramos carreteros. Se simula tener varias empresas y así, en el papel, no se concentran tantos contratos, pero en realidad es una sola familia la que obtiene millonarias ganancias. Por ejemplo, solo en Puebla, de acuerdo con la Secretaría de Movilidad del estado, a inicios del año pasado por lo menos tres de estas empresas prestaban servicio de grúas: Grúas Cantona; Grúas Bretón de Libres, y Grúas Mexicanos de Teziutlán. ¿Es legal? ¿Legítimo? Este tipo de esquemas de apropiación de concesiones suelen derivar en extorsión y acoso de funcionarios que se resisten a entregar numerosos permisos a las mismas personas, práctica común de Bretón y su grupo. De hecho, según fuentes a las que esta columna tuvo acceso, la negación de permisos por parte de la autoridad tiene que ver con que incumplen con la normatividad. Vaya, en el gremio las conocen como grúas “Frankenstein”. Quizá parte del poder -e impunidad- del que goza esa familia tenga que ver con el nexo con otros liderazgos políticos y gremiales, entre ellos la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC), liderada por Rafael Ortiz Pacheco, quien lo nombró líder regional en la zona donde operan sus empresas. La AMOTAC, creada en 2003, se ha vuelto célebre por la incontable cantidad de bloqueos carreteros en los últimos años. Por cierto, no esté inscrita en el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil y no aparece como donataria autorizada ante el SAT (por lo menos durante los ejercicios fiscales de 2016 a 2022). Una perla de las irregularidades: al menos durante 24 meses, Ortiz ha presentado registros laborales como empleado de Saúl Bretón López, hermano de Olaf; lo cual cobra aún más relevancia si se considera la existencia de procedimientos de cobranza de créditos fiscales en contra de la AMOTAC, relacionado con cobro de cuotas y venta de calcomanías a más de 100 mil operadores y agremiados sin reportar a la autoridad fiscal. En perjuicio, pues, del Estado mexicano. ¿Se seguirá empoderando ese contubernio? Lo veremos. POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN   

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