Ante el incremento de ciberataques y del ciberespionaje en México, la senadora Geovanna Bañuelos urgió a la Fiscalía General de la República, y sus homólogas en las 32 entidades federativas, a atender el problema y dar seguimiento y respuesta eficaz a todas las denuncias realizadas por usurpación de identidad a través de dispositivos electrónicos.   Asimismo, recomendó el diseño de un programa integral apegado a estándares internacionales para proteger y garantizar el derecho humano a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas.   Mediante un punto de acuerdo, la coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo señaló que de acuerdo con datos de la firma mexicana de ciberseguridad Silikn, en los primeros seis meses de este año, México sufrió 85 mil millones de intentos de ciberataques, representan más de la mitad de los 120 mil millones de amenazas electrónicas registradas durante todo el año pasado.   Por lo cual, apuntó, el hackeo se ha convertido en una herramienta de uso generalizado de manipulación, opresión y ganancia económica pura. “Es barato, poderoso, fácil de subcontratar y difícil de rastrear. Cualquiera con una computadora o un teléfono inteligente es vulnerable”, alertó la legisladora.   Geovanna Bañuelos destacó que en el Primer Informe de Violencia Política en México, Proceso Electoral 2022, realizado por Etellekt, señala que el hackeo de las cuentas de redes sociales de candidatas y candidatos, ya sea para tareas de hostigamiento, extorsión u obtener información sensible de la persona para dañar su reputación con fines políticos, se ha convertido en el nuevo modus operandi predilecto de los agresores.   Varios de los alcaldes de la Ciudad de México; así como los gobernadores de Guerrero, Chiapas y Morelos han denunciado que sus teléfonos celulares habían sido vulnerados. Tema del que no se escapan los legisladores.   “En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo vemos con preocupación que el hackeo se haya vuelto una tendencia. Esta situación genera un terror psicológico en las víctimas, y trae como consecuencia que se afecte el rendimiento de la función pública. Puede llegar a destruir la reputación de las personas”, enfatizó Geovanna Bañuelos.   Por ello, llamó a las autoridades a actuar para atender las denuncias presentadas y diseñar políticas públicas para prevenir y evitar este tipo de acciones.   El punto de acuerdo fue turnado a la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente para su análisis y posterior dictamen.