Durante el primer trimestre del 2022 se ha incrementado en un 20 por ciento, la cifra de profesionistas inmobiliarios que se han adherido a la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), crecimiento que no se había reportado en trimestres anteriores, indicó Luis Alvarado Moreno, presidente local de esta agrupación. De acuerdo con AMPI, existen alrededor de 3 mil 600 inmobiliarios en el estado. Lamentó que a pesar de que en la entidad potosina ya fue aprobada la Ley Inmobiliaria, no existe quien vigile su cumplimiento, lo que provoca a su vez que, al no haber una base viable y confiable de profesionales inmobiliarios, se continúen cometiendo fraudes en este sector en contra de usuarios. Esta situación, precisó el presidente de AMPI, ha generado que profesionistas se afilien a esta asociación para poder capacitarse en la materia. “Todavía no llegamos al primer trimestre y tenemos número récord de afiliaciones y todavía nos queda un mes (…) eso es una reacción donde el sector está viendo que estamos teniendo la necesidad de agruparnos, de afiliarnos, de unirnos, de capacitarnos y profesionalizarnos porque cuando pasan este tipo de eventos, la gente habla del sector inmobiliario, sin embargo, no fueron atendidos por verdaderos inmobiliarios”. Alvarado Moreno señaló que al plantear a la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) la necesidad de aplicar esta ley de manera eficaz, el extitular de la dependencia, Arturo Segoviano, había manifestado una respuesta positiva a atender el tema, no obstante, debido al cambio de secretario, es importante retomar el diálogo con Juan Carlos Valladares para que el reglamento se pueda aplicar y se determine su revisión. “Es volver a plantear la necesidad de aplicarla, de operarla, porque la ley ya está; hoy en día es ilegal en San Luis Potosí fungir como intermediario de inmobiliarios sin una licencia, el reglamento ya está publicado, ya está vigente, pero mientras no haya quien la vigile, pues sería como un reglamento de tránsito sin tránsito”. Destacó que al activar la ley se beneficiaría a la población, la cual contaría con una base confiable emitida por la Sedeco, que dé certeza sobre las oficinas en las cuales se pueden realizar operaciones inmobiliarias y evitar así, que usuarios sean víctimas de fraudes o malas prácticas.