La indignación y el rechazo unánime de la ciudadanía y colectivos animalistas en San Luis Potosí han ido en aumento tras el asesinato a balazos de dos perros  en unos campos deportivos rumbo al camino a Cerro de San Pedro, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez. A pesar de que el agresor fue plenamente identificado y grabado en video, las autoridades de la Fiscalía General del Estado aún no han realizado su detención.

El caso, que rápidamente se volvió viral a nivel nacional, provocó que el pasado domingo diversos colectivos marcharon con rumbo al Congreso del Estado para exigir justicia y demandar un verdadero endurecimiento a las leyes que sancionan el maltrato animal en la entidad. En entrevista, Carla García, activista e integrante de la Asociación Huella Amiga, expuso las graves deficiencias de la legislación vigente en el estado. Aunque las leyes actuales estipulan penas de 3 a 5 años de prisión a quien cause la muerte de un animal, García explicó que la aplicación del Código Nacional de Procedimientos Penales sabotea estas sanciones. De acuerdo con el artículo 192 de dicho código, si al calcular la media aritmética de la pena esta no excede los 5 años, el imputado tiene derecho a una "salida alterna", resolviendo el caso únicamente con una reparación económica del daño. "Sí o sí, en San Luis Potosí la media aritmética es menor a los 5 años, por lo que los agresores siempre obtienen la salida alterna", detalló la activista [04:07]. Como ejemplo, recordó el caso del perrito Canelito, quien fue acuchillado cruelmente y cuyo agresor recuperó su libertad tras pagar apenas 12 mil pesos, o el caso de Hop (origen de la iniciativa de ley), donde uno de los tres responsables salió libre pagando solo los 2,500 pesos de la necropsia y dos bultos de croquetas. Frente a este escenario de impunidad, diversos colectivos unieron esfuerzos para presentar desde hace un año una iniciativa ciudadana ante el Congreso Local con el fin de elevar las penas de 4 a 8 años de prisión para quienes maten a un animal. Con este incremento, la media aritmética superaría los 5 años, lo que obligaría a llevar el proceso legal hasta sus últimas consecuencias sin derecho a salidas económicas inmediatas. Sin embargo, García denunció que los legisladores no han dado la debida importancia a la propuesta por el hecho de ser de origen ciudadano . Incluso, alertó que la semana pasada el Congreso pretendía dictaminar una reforma que solo aumentaría la pena máxima a 6 años y únicamente en casos de "crueldad extrema", lo que mantendría la misma ventana de impunidad para que los agresores sigan saliendo libres pagando multas irrisorias. La propuesta ciudadana también busca agregar agravantes como el sadismo, la zoofilia, cometer el acto frente a menores de edad, o si el agresor es un servidor público, además de la imprescriptibilidad del delito.

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La activista manifestó su profunda preocupación por la inacción de la Fiscalía, señalando que el sujeto capturado en video muestra rasgos sociópatas y de "sangre fría" al accionar un arma de fuego sin inmutarse. Advirtió que, mientras continúe libre, representa un riesgo inminente tanto para la joven afectada directa —a quien el colectivo brinda acompañamiento emocional y legal— como para la sociedad en general.