El presidente del club Barcelona, Joan Laporta, ha sido excluido por la Audiencia local del “caso Negreira”, esto porque los pagos efectuados al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros han prescrito desde el 2015. Diversos medios españoles han publicado que la sección 21 de la Audiencia de Barcelona estimó los recursos presentados por la Fiscalía Anticorrupción y el propio Laporta. Al final decidieron revocar la decisión del juez Joaquín Aguirre de investigarle a él y a otros miembros de su junta directiva por pagos al ex directivo del comité de árbitros realizados entre 2008 y 2010. Esta decisión se basa en la prescripción de los posibles delitos imputables, ya que han transcurrido más de cinco años desde el fin de su primer mandato dentro del equipo catalán. La Audiencia rechazó el argumento del juez instructor, quien había imputado a Laporta basándose en la "autoría adhesiva", que atribuía los pagos a Negreira al FC Barcelona como persona jurídica en lugar de a cada junta directiva individual. La sala consideró esta figura jurídica "falta de concreción" y carente de "elementos fácticos" que la respaldaran. La resolución judicial establece que cada presidente debe responder por los pagos realizados durante su mandato, y el plazo de prescripción comienza al finalizar este. Dado que los delitos más graves que se le podrían atribuir a Laporta (administración desleal continuado) tienen un plazo de prescripción de cinco años, la Audiencia concluyó que su responsabilidad penal se extinguió en 2015, hace nueve años. Por otro lado, la Audiencia descartó la prescripción para el expresidente Sandro Rosell, ya que en su caso el plazo sería de diez años. El FC Barcelona celebró esta resolución, considerándola "rigurosa y bien fundamentada", y reafirmó su confianza en que la justicia demostrará la inocencia del club. ¿Qué es el caso Negreira? El Caso Negreira es una investigación en curso sobre los pagos realizados desde el club Barcelona a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), durante casi dos décadas con cantidades que ascienden a siete millones de euros. El destino de estos pagos generó sospechas de posible corrupción y compra de árbitros. La Fiscalía investiga si el Barcelona recibió trato de favor en decisiones arbitrales a cambio de estos pagos. Aunque el club catalán niega cualquier irregularidad, alegando que los pagos eran por servicios de asesoramiento técnico. FUENTE: EXCELSIOR