Perú vive en una disputa entre el poder Ejecutivo y el Congreso desde 2016, y está de más decir que a nivel mundial registró en su momento la mayor tasa de mortalidad a causa de la Covid-19, pero ese no es el único récord que se ha ganado, pues en los últimos cinco años su historial presidencial ha acumulado seis nombres más: Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo y Dina Boluarte.  La situación parece tener una cuestión fija: la relación del Congreso con el Presidente puede calificarse de fallida, de manera que este último, al ser derrotado, termina dejando el poder. Es precisamente lo que ocurrió el pasado diciembre con Pedro Castillo, evento que podemos catalogar como el parteaguas de la situación política actual.  Golpe de Estado fallido

El 7 de diciembre de 2022 Castillo convocó elecciones para Constituyente y declaró que en adelante se gobernaría por decretos de ley, además de establecer un toque de queda y disolver el Congreso.  Su conducta fue calificada de golpe de Estado, y, a pesar de las restricciones, el Congreso del Perú se reunió y votó a favor de una moción de vacancia hacia Pedro Castillo por “incapacidad moral”, teniendo dentro de sus argumentos las investigaciones abiertas sobre actos de corrupción de los que se acusa al entonces mandatario.  La primera mandataria del Perú

A partir de su destitución, Dina Boluarte, quien fuera vicepresidenta, se convirtió en la primera mujer mandataria en la historia del país latinoamericano. Sin embargo, Boluarte hoy es vista como una traidora por los manifestantes, quienes piden su renuncia, el cierre del parlamento, y el establecimiento de una nueva Constitución.  Al canto de “Dina asesina, el pueblo te repudia”, las protestas se han extendido desde el sur de Perú hasta Lima, la capital. Las motivaciones de las protestas son variadas.  Desigualdad social

Desde el “Perú profundo” (las zonas andinas del sur del país), los campesinos reclaman ser víctimas de discriminación, poseer un sentimiento de falta de representación en el poder ejecutivo, mismo que consideraban sí tenían con uno de los suyos (Castillo) al frente de la nación.  Es precisamente por ello que solicitan la disolución del Congreso, pues afirman que éste fungió de obstáculo para que Pedro Castillo desempeñara sus funciones como Presidente. De la mano con lo anterior, los campesinos también protestan por la mala calidad de vida diaria en el territorio (pésimas condiciones educativas y salubres) y exigen la formación de una Asamblea Constituyente que redacte una nueva Constitución que suplante a la de 1993, cosa que era una de las promesas electorales del destituido presidente.  El establishment limeño

Aunado a estos puntos, otro eje de protesta tiene que ver con la polarización económica del Perú, que enfrenta al llamado “establishment limeño” contra las regiones andinas del sur que no resultaron igualmente beneficiadas por el crecimiento económico de las últimas décadas (hasta 2016), pero que también se acentuó con la pandemia por Covid-19.  Hoy por hoy las manifestaciones han tenido su punto de encuentro en Lima, donde después de varios días de actividad y respuesta gubernamental con despliegue de más de 11 mil elementos policiacos en la capital, ya se han contabilizado más de 50 muertes en los escenarios de lucha.  El futuro parece incierto, pues el pasado ha demostrado la guerra entre el Congreso y el poder ejecutivo como acto constante, y el presente, como se observa, muestra que el descontento social ha hecho que Perú arda en llamas, y no sólo metafóricamente.  Con información de El heraldo de México.